El Ayuntamiento de Zaragoza es otro de los que presentó un recurso contra la anulación del cobro de la plusvalía a causa de la sentencia del Constitucional. La incertidumbre generada por ese fallo llevó a ese Consistorio a optar por no cobrar el impuesto cuando no se ha producido un aumento del valor de la propiedad, incluso sin necesidad de que el afectado presente una reclamación, al menos hasta que el Gobierno modifique la Ley de Haciendas Locales.

La falta de un criterio sobre lo que debe hacerse tras la declaración de inconstitucionalidad ha llevado a diferentes órganos judiciales a criticar que se deje en manos de los jueces decidir en qué consiste el incremento del valor de una propiedad y cómo debe probarse su existencia, ya que esa responsabilidad corresponde al legislador.

Cuando en junio se dio a conocer el fallo del Juzgado de lo Contencioso número 2 de A Coruña que motivó el recurso ante el Supremo, el Concello había recibido 102 reclamaciones del mismo tipo. La defensa presentó una prueba pericial para demostrar que no se había producido un incremento del valor de la propiedad transmitida, pero un recurso presentado por otro contribuyente posteriormente consiguió la misma resolución del juez sin necesidad de que aportase esa prueba.