Uno de los apéndices más destacados de cada presupuesto municipal lo constituye el informe de intervención. Y, año tras año, un mantra que repite el departamento encargado de fiscalizar la actividad económica del Ayuntamiento son sus advertencias sobre el exagerado optimismo de los gobiernos locales al estimar sus ingresos. Advertencias que caen en saco roto hasta que, a final de año, la liquidación del presupuesto pone negro sobre blanco y constata la euforia desmedida de inicio de ejercicio. Un ejemplo: en 2014, el Gobierno local, del Partido Popular, preveía recaudar 2,2 millones por licencias urbanísticas cuando el año anterior había ingresado 650.000 euros. Terminó ingresando 640.000, un 71% menos de lo previsto.
El desfase de ese año representa uno de los mayores registrados desde 2008, primera liquidación del presupuesto que difunde el Ayuntamiento en su web de transparencia. Un análisis de la recaudación real del Concello desde entonces, año en que arrancó la crisis económica en España, hasta 2016 constata cómo las arcas municipales han sufrido una sangría en los ingresos vinculados al urbanismo, un sector lastrado por la burbuja inmobiliaria que fraguó a comienzos de este siglo. Pese a esa evolución económica, no fue hasta 2015 cuando el anterior Gobierno local echó el freno a sus elevadas expectativas de ingresos por licencias urbanísticas, que año tras año desde 2009 se demostraban irreales.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se ha ido agarrando a la financiación segura que suponen los impuestos de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas, que se consolidaron en los peores momentos económicos de los ciudadanos y las empresas porque no están vinculados directamente a la renta o al consumo.
Haz click para ampliar el gráfico
►IBI, vehículos e IAE: un trío seguro. Estos tres impuestos, juntos, representan un tercio de toda la recaudación municipal, según datos de la liquidación de 2016, la más reciente publicada. El consumo cae, la renta de las familias desciende, pero la vivienda y el automóvil, con casi más de uno censado por cada dos habitantes, siguen generando recibos de impuestos. El IBI experimentó una subida en 2012, cuando el Gobierno central de Mariano Rajoy obligó a los ayuntamientos a encarecer este tributo un 10%. Esa orden ministerial quedó sin efecto en 2015, desde cuando se puede bajar el impuesto. Marea rechaza la reducción que exige el PP porque argumenta que una rebaja lineal "beneficia a quien más tiene". En el Impuesto de Actividades Económica, que pagan solo las empresas con una cifra de negocios igual o superior al millón de euros, los ingresos se han mantenido estables en torno a los doce millones de euros.
►Multas de tráfico: de un millón en 2008 a 5,49 en 2014. Al trío seguro de IBI, IAE y vehículos se han unido los cobros por multas de tráfico, apenas 1,1 millones de euros en 2008 y 3,1 millones en 2016, con un techo de 5,49 millones en el último año completo del popular Carlos Negreira como alcalde, cinco meses más que en el fin de mandato del socialista Javier Losada. Dos razones explican esta evolución sancionadora en materia de circulación: el traspaso, en 2013, a la Empresa Municipal de Vivienda, Actividades y Servicios del cobro de las multas en fase voluntaria de pago, y la entrada en funcionamiento de un nuevo programa informático de la recaudación municipal.
►El desplome urbanístico. A los sucesivos gobiernos locales les costó asumir el desplome de los ingresos por permisos vinculados a la construcción. En 2008, la recaudación final por licencias urbanísticas, de primera ocupación y de apertura superó las expectativas: los 5,64 millones previstos se elevaron hasta 7,75 millones en el cálculo final. Desde 2009, el desplome fue absoluto, pero solo en la liquidación anual, no en las estimaciones de ingresos a comienzo de año. Tanto el PSOE con mayoría absoluta como en coalición con el BNG y después la mayoría absoluta del Partido Popular presupuestaban sin medir el impacto de la crisis económica en la promoción urbanística. El ingreso real iba descendiendo paulatinamente mientras la previsión se mantenía por encima de los cuatro millones. En 2014, superó por poco el millón y en 2015, año de intercambio de Gobierno del PP a Marea Atlántica, se desplomó a 280.000 euros. El primer año de Ejecutivo de Marea, que ha ajustado las previsiones por este concepto a la realidad, remontó hasta los 690.000 euros, lejos de los 7,75 millones de 2008, a las puertas de la crisis económica.
►La previsión para el próximo año. El presupuesto de 2018, que Marea Atlántica ha logrado aprobar inicialmente esta semana gracias al apoyo del PSOE, no exento de contundentes críticas de los socialistas, reduce los avisos de Intervención respecto a años anteriores. "Ligero optimismo" en el Impuesto de Actividades Económicas, previsión "alejada" de la recaudación de 2016 en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y falta de datos para validar el alza prevista en los ingresos por multas de tráfico.
