06 de enero de 2018
06.01.2018

El Concello es condenado a indemnizar con 1,4 millones de euros a una promotora de San Amaro

El Ayuntamiento deberá compensar a una constructora por incumplir los convenios urbanísticos que firmó con ella en 1993 y en 2006 para construir viviendas en el entorno de la Torre

06.01.2018 | 01:28
Solar del Agra de San Amaro, donde estaba previsto edificar.

El Concello incumplió dos convenios, uno de 1993 y otro de 2006, suscritos con una promotora a la que se comprometió a compensar por hacer uso de sus terrenos para construir el paseo marítimo. El Gobierno de Francisco Vázquez le garantizó a la empresa que le permitiría levantar determinado número de pisos en el Agra de San Amaro, cerca de la Torre. El plan nunca se desarrolló, por lo que en 2006 la Administración y la compañía volvieron a firmar un nuevo pacto para edificar en la zona. Este convenio tampoco se materializó, por lo que la promotora recurrió a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 le reconoce el derecho a recibir una indemnización de 1,4 millones, de los 23,5 millones que reclamaba

El Ayuntamiento ha sido condenado a abonar 1.445.966 euros a una promotora por incumplir los convenios suscritos en 1993 y 2006 que le permitían construir viviendas en el Agra de San Amaro. En 1993, el Concello, bajo el mandato de Francisco Vázquez, adquirió terrenos para la ejecución del paseo marítimo a cambio de conceder a sus propietarios aprovechamiento urbanístico en el entorno de la Torre de Hércules. El proyecto de edificar cerca del faro no se llegó a ejecutar, por lo que los promotores afectados recurrieron a los tribunales. A la gran mayoría la Justicia les ha dado la razón. Las arcas municipales, por tanto, deben hacer frente a las millonarias indemnizaciones.

En esta última sentencia, contra la que cabe recurso, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña explica que el Concello reconoció en 2002 la imposibilidad de cumplir con el pacto de 1993. En 2006, la Administración local llegó a un acuerdo con la promotora a la que deberá abonar 1,4 millones -más los intereses legales desde 2014-. En el convenio, el Ayuntamiento admitió el derecho de la promotora a ser indemnizada por la ocupación temporal de sus fincas y por la demolición de las construcciones. Además, se comprometió a entregarle una determinada superficie para urbanizar dentro de un polígono situado en el Agra de San Amaro.

La urbanización diseñada en 2006 tampoco se llegó a llevar a cabo, pues la Administración local denegó las licencias de obra que se solicitaron ante la prohibición de la Xunta y eliminó el polígono del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013 para cumplir con las exigencias urbanísticas de la protección de la Torre de Hércules tras ser declarada patrimonio mundial.

En el plan de 2013 el Concello reconoce el derecho de la promotora a construir en Adormideras, pero menor cantidad de viviendas que las que le permitía en el convenio de 2006 cerca del faro, por lo que la empresa exigió en su recurso una indemnización por los perjuicios causados de la diferencia entre el aprovechamiento urbanístico concedido en el primer acuerdo y el de 2013.

El Gobierno de Marea Atlántica anunció en más de una ocasión que prohibirá que se ejecuten los edificios incluidos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2013, por lo que previsiblemente las empresas afectadas volverán a demandar ser compensadas. El Ejecutivo del PP, que calculó que no urbanizar San Amaro costaría a las arcas públicas 100 millones, acordó trasladar parte de los derechos de edificabilidad de los promotores del Agra de San Amaro a la cantera de Adormideras, una solución rechazada por parte de los constructores, quienes anunciaron su intención de recurrir a los tribunales. El Gobierno de Marea Atlántica garantiza que esos inmuebles tampoco se ejecutarán.

La constructora exigió al Ayuntamiento en 2014 que le reconociese una indemnización por incumplimiento de los dos convenios, el de 1993 y 2006, pero se la denegó. Entonces, la empresa presentó una demanda y el juzgado ha estimado su reclamación. Contra la sentencia, no obstante, el Concello puede presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El abogado de la promotora reclamaba, en inicio, una compensación de 23,5 millones o, alternativamente, 1,7. La indemnización más alta fue rechazada por no justificar debidamente algunos gastos supuestamente ocasionados a la demandante.

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