La antigua cárcel provincial necesita un nuevo proyecto para poner en marcha una segunda fase de obras de rehabilitación parcial debido al mal estado que presentan algunos elementos del edificio, especialmente la cubierta y las fachadas. Esta situación no demorará el comienzo de las actividades previstas en la parte reformada del inmueble que gestionará el colectivo Proyecto Cárcere, aunque el alcalde, Xulio Ferreiro, evita poner fecha al arranque de las mismas. "En breve", comentó ayer.

El Concello pretende reabrir la instalación en el inicio de este año para la práctica de diversas actividades sociales y culturales gracias a la cesión por dos años del inmueble por parte del Ministerio del Interior. Admite haber certificado más del 70% de la inversión proyectada en la primera fase de los trabajos, lo que equivale a unos 130.000 euros de un total de 185.000 por los que se adjudicaron a la empresa Construcciones Ángel Jove. Pero el alcalde reconoció que el deterioro del inmueble "por sus años de abandono" ha impedido culminar la planificación de obras prevista según los análisis iniciales, lo que obligará a diseñar un nuevo proyecto y licitar las próximas intervenciones.

El presupuesto global de los trabajos es de 300.000 euros, sufragados a medias por el Ayuntamiento y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, de manera que el Gobierno local prevé reservar los 170.000 euros que aún no se han gastado en la primera fase para la continuación, según apuntan fuentes municipales.

"Lamentablemente, por esas décadas de abandono, el estado del edificio es peor de lo que señalaban los informes iniciales. Hubo que cambiar la programación y no se pudo llegar tan lejos como se quería. No vamos como nos gustaría, pero vamos caminando", explicó Ferreiro, que negó que la adjudicataria haya renunciado al contrato. Cuando las obras se adjudicaron a comienzos de octubre el Concello fijó un plazo de 56 días para acondicionar la cárcel, un tiempo que se rebasó en los últimos días de diciembre.

El alcalde matizó ayer que hay partes del interior de la antigua prisión a las que, tras las primeras obras, ya se les puede dar uso. Así se lo transmitió el Gobierno local a los integrantes de Proxecto Cárcere la semana pasada en una reunión de carácter técnico. La plataforma que desde hace años reivindica la recuperación del viejo penal y a la que el Concello adjudicó su gestión en un concurso celebrará una asamblea el domingo 28 para decidir de qué forma podrá reabrir la instalación y qué actividades y en qué espacio se podrán celebrar.

Tono Galán, miembro de Proxecto Cárcere, avanza que el deteriorado estado de las cubiertas que ha condicionado el cambio en el proyecto de rehabilitación impedirá seguramente al colectivo disponer de la superficie inicialmente prevista. "Intuíamos que nueve años de abandono eran demasiados, por eso en todo este tiempo pedimos que se prestara atención al edificio. El estado del tejado es un delirio porque al entrar agua se atasca en los canalones y pasa al interior. Ahora tenemos que saber qué se puede desarrollar y qué no, habrá que adecuar el trabajo planificado para abrir", explica.

La plataforma, integrada por unas 25 personas, trabaja desde hace dos meses en la programación de actividades propuestas por colectivos o entidades de la ciudad y de otros municipios para que se celebren en el interior de la prisión, aunque al no conocer hasta la semana pasada las dificultades surgidas por los problemas en las fachadas y las cubiertas, no han podido garantizar que todas las iniciativas se vayan a desarrollar.

La creación de un museo de juguetes, una biblioteca, talleres de carpintería y de bicicletas, aulas de baile, locales para la reunión de colectivos, una emisora de radio y espacios para charlas o exposiciones temporales son algunas de las propuestas hasta ahora comunicadas a Proxecto Cárcere de forma individual o a través de asociaciones.

Como ya ha transcurrido un año desde la cesión por dos años del Estado al Concello, cuando la prisión coruñesa reabra solo podrá acoger actividad durante un periodo aproximado de doce meses, salvo que el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento prorroguen su acuerdo.