La Consellería de Infraestruturas prevé adjudicar esta misma semana la concesión de la ruta de autobús entre A Coruña y Vigo tras rechazar la alegación presentada por la empresa Monbus a través de su filial Castromil, con la que pretendía dar marcha atrás a la renuncia a esta línea, que obligó a la administración autonómica a licitar el contrato. La obligación legal de la Xunta de sacar a concurso las concesiones de transporte de viajeros en 2019 hizo que se permitiese a las empresas renunciar a las líneas que explotaban hasta ahora, lo que Monbus llevó a cabo con la de A Coruña-Vigo, la de mayor cuantía económica -8,3 millones de euros- y con un número de viajeros más grande en toda la comunidad.

La compañía argumentó falta de rentabilidad de la ruta para justificar su renuncia, pero cuando Infraestruturas ya había avanzado en el proceso para adjudicar el servicio, intentó revocar su renuncia mediante una alegación. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas explican que una vez que se ejerce el derecho a la renuncia, la concesión pasa a la Administración y que en ese momento ya no es posible volver a concederla a quien era su anterior titular. Para efectuar una nueva adjudicación, el departamento autonómico invitó a participar a ocho empresas del sector, entre las cuales se encuentra la propia Monbus, según pudo saber este periódico. Son un grupo nacional de origen gallego, tres nacionales y cuatro de ámbito solo gallego.

Todas estas compañías habían presentado alegaciones al anteproyecto mediante el que la consellería licitará la concesión, que tendrá una duración máxima de 24 meses hasta la convocatoria del nuevo concurso y que enlazará A Coruña con Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense, aunque también comprenderá las líneas entre Ferrol y Betanzos con Compostela, además de derivaciones a Muros, Noia, Cambados, Sanxenxo y Verín. A ellas se sumará la ruta que explotaba otra filial de Monbus, Empresa Monforte, y que unirá Santiago con Camariñas por Noia, Muros y el litoral. Al igual que Castromil, Empresa Monforte renunció a la concesión.

Infraestruturas calcula que este contrato generará un beneficio anual de 351.125 euros y autorizará un incremento máximo de tarifas del 5,55% con relación a las vigentes por la subida de los salarios, el IPC y el carburante, aunque confía en que la nueva concesionaria las reduzca sobre esa previsión. De hecho, el baremo que más pesará en la adjudicación (35 puntos sobre 100) será la rebaja sobre las tarifas máximas planteadas por la Xunta. La edad de la flota de autobuses (25 puntos), las mejoras en la oferta de servicios (20), los equipamientos (10) y la accesibilidad a los vehículos (10) completan los criterios que tendrá en cuenta la Xunta para adjudicar este contrato.