El Gobierno gallego ha convocado un concurso público en el que los propietarios interesados podrán ofrecer sus inmuebles en los núcleos históricos de los concellos de Betanzos, Ferrol, Lugo y Ourense para que sean adquiridos por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) con el fin de que se construyan edificios de viviendas o sean rehabilitados. Los dueños que quieran vender sus casas tienen de plazo hasta el 22 de abril para presentar sus ofertas al IGVS.

Los inmuebles deben reunir requisitos mínimos que permitan que las nuevas viviendas tengan condiciones óptimas de confort e habitabilidad, no estén afectadas por servidumbres o cargas que hagan inviable la actuación y estén inscritas en el Registro de la Propiedad.

El coste de adquisición no podrá superar el valor de mercado del inmueble ni un valor máximo que se calculará con las fórmulas y parámetros incluidos en la resolución para cada calle o zona. Uno de los criterios que seguirá el IGVS para seleccionar edificios es que la propiedad tenga un valor arquitectónico especial que aconseje su recuperación.

La zona del Orzán ha sido incluida por la Xunta en su plan Rexurbe, una iniciativa para recuperar los cascos históricos más deteriorados de Galicia, pero la compra de inmuebles y las intervenciones urbanísticas que se vayan a planificar en el barrio coruñés no se llevarán a cabo en la primera fase, que se puso en marcha el mes pasado. Aunque el Orzán está considerada por Infraestruturas como "zona de actuación prioritaria" y se prevé abordar durante este mandato, fuentes de la Consellería no concretan el plazo en el que A Coruña entre en el proyecto.

Los cascos históricos de Betanzos y Ourense, el área de Ferrol Vello y A Tinería en Lugo serán las zonas en las que el plan Rexurbe actuará en la etapa inicial, en la que la Xunta gastará más de 3,5 millones de euros. Parte de la inversión se destinará a rehabilitar edificios que son de titularidad autonómica y otra parte a comprar inmuebles en estado de abandono para completar esas zonas de intervención y no trabajar de forma aislada. Infraestruturas, según añaden las mismas fuentes, se decanta por actuar primero donde ya posee propiedades, por lo que el Orzán, donde no las tiene, queda relegada a otra fase del plan.

De momento se desconoce de cuántas etapas constará el proyecto de la Xunta, que prevé que la adquisición en escritura pública en la primera fase se formalice el próximo verano para después proceder a la redacción de los proyectos de rehabilitación o construcción.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció el año pasado la intención de recuperar más de 1.500 viviendas en los cascos históricos gallegos, 350 locales comerciales y unos 500 edificios. También en 2017, tras una reunión en Santiago con el alcalde, Xulio Ferreiro, aludió a un "proyecto de rehabilitación en el barrio del Orzán", que las fuentes autonómicas consultadas calificaron de "zona identificada" para el desarrollo del plan Rexurbe. En aquel momento la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, adelantaba que Betanzos, Lugo y Ourense serían los primeros escenarios de intervención del proyecto, como así es, además de Ferrol. Las viviendas que se prevé recuperar en un primer momento son 72, cuyas obras de rehabilitación comenzarían el próximo año.

En Betanzos, por ejemplo, donde no es la primera vez que la Xunta adquiere edificios para su recuperación y actualmente lleva a cabo obras en tres, la Consellería prevé destinar 2,1 millones a la compra y rehabilitación de nuevos inmuebles en el casco histórico.

Algunas de las acciones incluidas en el plan Rexurbe pueden ser iniciativas particulares o de promotores privados o actuaciones directas emprendidas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo y los propios ayuntamientos, señala la Xunta. Los promotores inmobiliarios y los agentes de la propiedad inmobiliaria de A Coruña expresaban el año pasado sus dudas respecto al proyecto por la falta de concreciones de la iniciativa.

Entre sus recelos está la protección que tienen los edificios de la zona afectada por el Plan Especial de Protección de Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería, lo que condiciona y limita las obras que se quieran realizar en ellos. Otra duda se la crea las trabas administrativas que señala que impone el Gobierno local a las iniciativas privadas y las complejidades que las mismas se encontrarían al actuar en inmuebles en mal estado, como ocurre con los que están abandonados en la zona del Orzán.