Siete años de trámites administrativos y reclamaciones de los afectados no han sido suficientes por el momento para solucionar el problema que causan los edificios 15,17 y 19 de la calle San Juan, ya que su reciente adjudicación a una empresa acreedora del anterior propietario obliga ahora al Concello a volver a iniciar el proceso para exigir que se rehabiliten.

Consolidada de Promotores, inmobiliaria que poseía hasta ahora estos inmuebles, elaboró en 2010 un proyecto para rehabilitarlos, ya que al encontrarse en el barrio de As Atochas el propietario debe conservar su aspecto para adecuarse a la tipología de esta zona de la ciudad. Pero la crisis económica no solo tiró por tierra esa iniciativa, sino que hizo entrar a la empresa en concurso de acreedores, que concluyó con su liquidación.

El mal estado de los tres edificios se agravó con el paso del tiempo, lo que derivó en que el agua de lluvia caída sobre el tejado se filtrase por la medianera del inmueble contiguo, cuya entrada se corresponde con el número 12 de la calle San José. La familia que reside en el primer piso de ese edificio comenzó en 2011 sus reclamaciones en el Concello, que exigió a la propietaria que adoptase medidas para resolver el problema.

Al año siguiente la promotora solicitó la declaración de ruina, que no fue aceptada porque no presentar la documentación necesaria. Tras entrar en concurso de acreedores, en julio de 2015 se le notificó el inicio de la declaración de ruina y la orden de evitar las filtraciones y la reparación de la cubierta, aunque hasta noviembre de ese año la empresa no argumentó que no pudo hacerlo por estar en estado ruinoso.

En mayo de 2016 el Concello intentó comprobar si se habían realizado las obras, pero no lo consiguió en las dos ocasiones en que se citó al propietario, por lo que le advirtió que la próxima vez lo solicitaría a través de un juzgado y le impondría una multa de hasta 10.000 euros. El Gobierno local consiguió la autorización judicial en diciembre de ese año, lo que permitió entrar en el interior de los inmuebles y determinar que están en ruinas, aunque la declaración quedó pospuesta a la finalización del concurso de acreedores, que el pasado mes de enero resolvió adjudicar a un acreedor de Consolidada de Promotores estos tres edificios.

Esto obliga al Concello a esperar a que esa transmisión se inscriba en el Registro de la Propiedad para ordenar al nuevo dueño que repare los inmuebles y comunicarle la declaración de ruina. El cambio de titularidad implica que ya no es posible exigir al antiguo propietario que restaure los inmuebles ni aplicarle sanciones por haberlos tenido en estado de abandono, según responde el Concello a una pregunta escrita del BNG sobre este asunto.

Los nacionalistas también se interesaron por la familia que abandonó su vivienda ante las graves humedades que causó la filtración de agua, aunque el Concello contesta que del informe del arquitecto municipal "se deduce que no concurre ninguna situación de urgencia derivada de esa afectación que justifique ni un desalojo preventivo ni una actuación municipal en vía subsidiaria". Varias paredes del piso se hallaban sin embargo empapadas por el agua, que hizo caer el revestimiento y causó un intenso olor a humedad en la vivienda, por lo que sus moradores decidieron mudarse.

También destaca el Concello que esta familia conoce toda la tramitación sobre los edificios en ruinas al estar personada en el expediente municipal.