El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, defendió ayer la legalidad del concurso público convocado para comprar viviendas y edificios destinados a alquiler social, tras las críticas del PP y las dudas del PSOE porque uno de los pisos adquiridos fuera propiedad de un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica y que figure como oficina en el catastro y el registro de la propiedad. El jurado del concurso, compuesto por funcionarios de Urbanismo, intervención y asesoría jurídica, aceptó esta oferta por unanimidad porque el Servicio de Intervención de la Edificación avalaba el cambio a vivienda "siempre que cumpla con la normativa vigente de habitabilidad y accesibilidad".

Varela había citado para ayer a los grupos municipales con el fin de darles explicaciones sobre el concurso, como habían solicitado en la moción que aprobaron en el pleno. El PP, que había presentado esa iniciativa, no acudió a la reunión porque, alegó, antes quería consultar el expediente, algo que hizo ayer a mediodía, para cuando le había citado el Gobierno local, que el lunes ya había enviado el expediente a la oposición.

Las explicaciones y la consulta de la documentación convencieron a la edil del BNG, Avia Veira, que aseguró que, a su juicio, "la cuestión está clara y las explicaciones fueron suficientes". La portavoz del PP, Rosa Gallego, exigió la anulación de la compra de esta vivienda. "Han comprado un local comercial jurídicamente que físicamente es una vivienda ilegal; no hay por dónde cogerlo". El portavoz del PSOE, José Manuel García, mantuvo dudas sobre la compra de esta vivienda y reclamó al Ejecutivo que aporte la información en la comisión municipal de Urbanismo.

Tanto el PP como el PSOE pusieron en duda que sea factible el cambio de uso de oficina a vivienda. En 2015, con los populares en el Gobierno local, el Ayuntamiento autorizó ese cambio para el piso colindante con el de la polémica.

El propietario del piso concurrió al concurso municipal con este y otro piso. Los dos figuran entre los seis adquiridos por el Ayuntamiento. En el caso de la vivienda cuestionada por la oposición, su dueño la ofertó por 73.000 euros. La empresa de tasación contratada por el Concello, que concluyó que "el inmueble no cumple la actual normativa urbanística pero se construyó de acuerdo con una normativa anterior", rebajó le precio a 65.490 euros. El servicio municipal de Urbanismo lo rebajó aún más, a 54.536. El Ayuntamiento ofertó finalmente 54.575 euros, un 25% menos de lo que solicitaba el dueño, que aceptó este precio de venta.