La empresa pública Xestur Galicia continúa siendo el principal propietario de suelo en el parque ofimático, ya que tiene a la venta trece parcelas de uso residencial que suman 26.355 metros cuadrados. La parálisis del mercado inmobiliario en los últimos años ha dificultado que la administración autonómica haya podido deshacerse de este suelo, ya que los únicos terrenos que adjudicó son los de las tres cooperativas que levantan ya sus edificios en el polígono, así como las dos parcelas de uso comercial que fueron adquiridas por Vegalsa-Eroski y Lidl en un extremo del ofimático.

Las dos fincas de mayor tamaño y, por lo tanto, con un valor más alto tienen 4.080 metros cuadrados de superficie cada una. Xestur ha tasado el precio del metro cuadrado en 2.914 euros, por lo que su valor total es de 11,8 millones. Ambas parcelas están situadas en la parte más baja del polígono, en las proximidades de la vía férrea que lo separa de Matogrande.

Otras dos parcelas de 2.256 metros cuadrados son las siguientes en cuanto a precio, ya que están valoradas en 2,6 millones cada una de las mismas y su ubicación también está próxima a Matogrande. Las de menor valor tienen diferente superficie, 908 y 893 metros cuadrados, aunque ambas han sido tasadas por la misma cantidad, 321.343 euros. Se hallan en la parte más elevada del ofimático, junto al núcleo rural de Eirís de Abaixo y son las de menor tamaño entre las de carácter residencial que posee la Xunta en el polígono.

Cofuncovi, A Carnocha y Eirís Ofimático son las cooperativas que adquirieron en 2008 suelo a Xestur para desarrollar sus proyectos inmobiliarios en este lugar. La primera de ellas se hizo con dos parcelas diferentes y en una de ellas el edificio de 69 viviendas está terminado, por la que ya solicitó al Concello la concesión de la licencia de primera ocupación. También A Carnocha tiene su inmueble de 26 viviendas listo para ser ocupado, por lo que reclamó igualmente la autorización municipal para hacerlo, que solo está pendiente del final de las obras de instalación del suministro eléctrico.

Otras parcelas que la Xunta consiguió vender son las de uso comercial situadas en la parte más próxima a la glorieta donde se unen la avenida de Monelos y la carretera de Eirís. Originalmente se trataba de una finca de 14.000 metros cuadrados, pero las dificultades que encontró Xestur para comercializarla por los 16,6 millones en los que la tasó hicieron que primero rebajase el precio a 10 millones y que finalmente en 2014 optase por dividirla en tres de 5.599, 6.432 y 2.489 metros cuadrados. Solo un año después, la empresa pública adjudicó dos de ellas a las cadenas de distribución Lidl y Vegalsa-Eroski, que tendrán que esperar a que la Xunta ejecute las obras necesarias para garantizar la accesibilidad a esos terrenos.

En el ofimático también terminó su edificio la Sociedade Cooperativa Galega Parque Ofimático, con 76 viviendas, que se levanta sobre terrenos que no eran propiedad de la administración gallega. La propia Xestur será además promotora de un inmueble de 40 viviendas sociales que se ubicará en las proximidades de la avenida de Alfonso Molina. El proyecto inicial fue desestimado por el Concello al considerar que no se ajustaba a lo que dispone la propia legislación autonómica, por lo que en la actualidad se procede a elaborar un nuevo diseño que se ajuste a lo reclamado por los técnicos municipales.

El resto del suelo residencial del polígono es propiedad de promotores privados que por el momento no han iniciado proyectos, aunque los integrados en la asociación Ofimático 2010 reclamaron recientemente al Gobierno local que acometiese las obras de urbanización pendientes y que aprobase los trámites administrativos necesarios para que puedan empezar a construir. Entre esos requisitos figuran estudios de detalle, el proyecto de urbanización definitivo de todo el polígono, la modificación del plan parcial para excluir al margen derecho de Alfonso Molina y la zona de Adif, así como la modificación de la reparcelación para adaptarla al nuevo plan parcial.

También asegura este grupo de promotores que no se puede llevar a cabo el necesario reparto de las costes de urbanización entre los propietarios del polígono, ya que todavía se ignora cuál es el proyecto definitivo, además de los plazos para su ejecución y su presupuesto final.