La escena de Silvio Berlusconi llegando a un centro para enfermos de alzhéimer a las afueras de Milán para cumplir allí sus Trabajos en Beneficio de la Comunidad puso el foco de la atención internacional sobre esta forma de sanción no privativa de libertad. En el caso del exmandatario italiano se trataba de la conmutación de una condena por un delito de fraude, pero lo habitual es que se trate de delitos menores de violencia machista, impago de pensiones, hurtos y, sobre todo, delitos contra la seguridad vial. "A día de hoy el 50% de las condenas a trabajos comunitarios siguen siendo por delitos de tráfico", señala el profesor de derecho penal de la UDC y experto en la materia, José Ángel Brandariz.

En 2016, se tramitaron en el Juzgado de Vigilancia de A Coruña 1.935 expedientes de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), un 9% menos que el año anterior. Pese a este descenso, la eficacia reeducadora de estos programas está testada. Existen estudios que demuestran un "éxito terapéutico mucho mayor" en pacientes con problemas de drogodependencia que siguen cumplimientos de pena alternativos, subraya Julia García, una de las responsables de los programas de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga en Coruña (Aclad). El miedo a no volver a entrar en prisión es un primer momento el mayor freno a la reincidencia, pero a medio plazo el éxito pasa por la reeducación de los penados: "En el tiempo que tenemos para trabajar con ellos" logramos que "puedan llevar una vida normal: que sigan estudiando, que puedan ocuparse de su familia, que tengan amigos que no consuman", apunta García. "Se trata de medidas penales especialmente eficaces ante determinadas conductas delictivas relacionadas con la seguridad vial o la violencia machista", añaden fuentes de la Fiscalía.

En el caso de la violencia de género, a los penados se les impone la realización de un curso de reeducación. "La suspensión de la pena va condicionada a ello", insiste la magistrada de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, Teresa Cortizas. Se trata de cursos en los que los condenados asisten a talleres de control de ira, de comunicación, de resolución de problemas o de role-playing, esto es a ponerse en la piel de la mujer ante determinadas situaciones.

El gran caballo de batalla de los TBC, no obstante, son los delitos contra la seguridad vial. El problema aquí, apunta Brandariz, es que con la reforma del Código Penal de 2007 el volumen anual de casos pasó de "cerca de 5.000 a casi 100.000". En plena crisis económica, continúa el profesor, "el sistema periclita" ya que no hay infraestructura para atender a esta gran demanda. Entre 2009 y 2010, fueron innumerables los expedientes de TBC que prescribieron sin llegar a ejecutarse la pena. "Era muy frecuente que prescribiesen", subraya Brandariz.

En los últimos años, la situación cuantitativa ha mejorado sustancialmente y las condenas ya no prescriben. Aun así, al cierre del tercer trimestre del 2017, quedaban pendientes en A Coruña 396 condenas, 245 de ellas por casos de seguridad vial. Cualitativamente, la regresión que supuso la convalidación de talleres de reeducación vial -similares a los que se hacen cuando un conductor pierde los puntos del carné- como TBC no se ha recuperado: "Se ejecutan como cursos, no como tareas", señala Brandariz: "No cumplen esa función".

Para que este modelo de reinserción al margen de la prisión siga creciendo, los expertos coinciden en la necesidad de mejorar su dotación: hacen falta más plazas, más atención pospenitenciaria y, sobre todo, planes ajustados a la meta de la reintegración social.