El Concello llevará al próximo pleno, que se celebra en marzo, la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para que la parcela de La Solana recupere su calificación de suelo de titularidad pública que el anterior Gobierno local, del Partido Popular, le retiró para calificarla como privada.
Este trámite se inició en febrero de 2017, después de que la Corporación local aprobara tres mociones con las que respaldaron la paralización de la subasta de las parcelas de La Solana y el hotel Finisterre, la defensa del carácter público de ese suelo y del que ocupan los muelles interiores, y la devolución gratuita de los terrenos al Ayuntamiento.
En aquel momento, el Concello no tenían garantías de que la Autoridad Portuaria pondría freno a la subasta de La Solana, que se decidió en octubre, tras el pacto de la Xunta con Puertos del Estado para evitar tanto esa venta como la de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Ese acuerdo aún está pendiente de ser concretado y de firma, y el Ayuntamiento retoma ahora la tramitación de la modificación urbanística.
El objetivo del Concello al modificar el planeamiento de La Solana es incorporar las instalaciones deportivas al patrimonio municipal por expropiación pagando los 1,4 millones en que la Autoridad Portuaria tasó las instalaciones. El cambio urbanístico propuesto por el Concello superó el primer paso, su sometimiento al trámite de evaluación ambiental estratégica ante la Consellería de Medio Ambiente.
Un año después de su inicio, esta modificación urbanística se debatirá en el próximo pleno municipal. "Estamos poniendo los mimbres para garantizar que este terreno siempre quede en manos de su dueña, la ciudadanía de A Coruña", destacó el concejal de Rexeneración Urbana Xiao Varela, quien considera que la "Autoridad Portuaria podría ceder este suelo gratuitamente al Concello al acreditarse la finalidad de utilidad pública y uso social".
La propuesta de cambio del plan general ya fue sometida a los trámites de evaluación ambiental estratégica por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta. "Entre las alegaciones presentadas figuran varias de la Autoridad Portuaria que apuntaban que la modificación no era de interés público. No entendemos esta opinión ya que no reconoce la legitimidad que tiene el Concello para ordenar y planear el término municipal según la voluntad de los ciudadanos", comentó Varela. Estas alegaciones, presentadas en agosto, se centraron también en la desviación de poder, fraude de ley y ausencia de justificación económica.
La Consellería de Medio Ambiente se limitó a determinar si la tramitación del cambio urbanístico debía ser sometida o no a la evaluación ambiental estratégica. El departamento autonómico decidió que no era necesaria esta evaluación porque "no se producirán efectos significativos" sobre el medio ambiente con este proyecto municipal.
El concejal de Rexeneración Urbana recordó que la modificación del plan general empezó a tramitarse "apoyada en las distintas mociones que fueron aprobadas por la mayoría plenaria de la cámara municipal en enero del año pasado y en las reivindicaciones realizadas por la Comisión en Defensa do Común".
Comienza ahora una nueva fase, en la que este plan será sometido a votación en el pleno municipal de marzo, por lo que también se abrirá a continuación otro plazo de alegaciones. La última palabra sobre este trámite corresponde a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
