Las funciones que la Lei do Solo de Galicia atribuye a la actividad urbanística es el argumento empleado por el Concello para oponerse a las alegaciones que la Autoridad Portuaria presentó ante la Xunta en el trámite ambiental del proyecto de modificación del plan general referido al suelo de La Solana. El Gobierno local llevará este cambio a aprobación inicial del pleno en marzo para pasar de privado a público ese suelo y programar su expropiación por el Concello por 1,4 millones de euros, el valor en que el Puerto tasó esta propiedad. El PP había cambiado la calificación del recinto a privado al aprobar el plan general en 2013.
En contraposición al Puerto, el Concello expone que la legislación autonómica señala que el urbanismo debe "asegurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad". Así replica al argumento del Puerto de que este cambio no tiene interés público por no afectar a espacios libres ni equipamientos de que deba garantizarse la titularidad local por razones de interés público.
Para el organismo portuario, el Concello actúa además con desviación de poder y comete un fraude de ley con esta iniciativa, al considerar que utiliza sus facultades urbanísticas para un fin distinto al que prevé la Ley. La argumentación municipal le recuerda que los terrenos de La Solana no tienen uso portuario desde 1999 y que, aunque sean propiedad del Puerto, tienen "carácter patrimonial", por lo que están "sometidos al régimen general de utilización del suelo", según señala la legislación urbanística. También destaca el Concello que el urbanismo es un "ámbito de interés preferente", como reconocen la Ley de Bases de Régimen Local y la Lei do Solo de Galicia, que atribuyen a los ayuntamientos todas las competencias urbanísticas excepto la aprobación definitiva del plan general, que corresponde a la Xunta.
Titularidad del bien
Para el Concello, "la titularidad de un bien no otorga competencias", en alusión a que la Autoridad Portuaria es propietaria de los terrenos de La Solana. También le recuerda que en los bienes patrimoniales, como sucede en este caso, "la sujeción al planeamiento urbanístico es mucho más intensa". El Gobierno municipal pone de relieve además que el Estado tiene competencia para decidir que unos bienes dejen de tener un determinado uso público, como sucedió con La Solana, pero "otra cosa muy distinta es la calificación urbanística que el planificador considere que deban recibir esos terrenos", a los que puede dar el uso público que considere conveniente por razones urbanísticas.
El Gobierno local mantiene la tramitación de esta modificación urbanística, que ya ha superado la fase ambiental ante la Consellería de Medio Ambiente y que inició cuando aún no tenía garantías de que el Puerto daría marcha atrás a la venta del suelo de La Solana. La Xunta y Puertos del Estado se comprometieron en octubre a mantener la titularidad pública de este suelo y de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. El convenio que concretará ese acuerdo aún no lo han presentado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado esta semana que espera cerrarlo "en un plazo bastante corto" de tiempo.
