02 de marzo de 2018
02.03.2018

La Audiencia insta a la juez que investiga la 'operación Zeta' a evitar su "estancamiento"

Le recuerda su "obligación" de usar "todos los mecanismos que da la ley", como crear piezas separadas para un enjuiciamiento "más rápido"

02.03.2018 | 12:21

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha emitido un auto en el que critica a la juez instructora de la operación Zeta por "prolongar la incertidumbre" de los más de 50 investigados, entre ellos empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PP y de la de PSOE y BNG. El tribunal le recuerda la "obligación" de los órganos judiciales de "usar todos aquellos mecanismos que da la ley para evitar el estancamiento de muchas causas", entre los que sugiere la creación de piezas separadas para el enjuiciamiento "más rápido y más concreto" de los presuntos responsables, así como para evitar "una indebida acumulación de autos".

La operación en la que se investiga una presunta trama de fraude de subvenciones para cursos de formación, destinados, principalmente, a parados y discapacitados, se inició bajo secreto a finales de 2011. Las entidades implicadas, según figura en el sumario, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias, la mayoría de la Xunta y del Estado. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones. La Policía Judicial de la Policía Nacional apuntó en sus informes al empresario Gerardo Crespo -que dirigía Azetanet, la consultoría que da nombre a la operación- y al presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, como presuntos cabecillas de la organización.

Ambos testificaron ante la juez en 2016, aunque solo respondieron a las preguntas de sus abogados. Crespo, investigado por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, que pueden derivar en delitos de prevaricación y corrupción, alegó que la ejecución de los programas destinados a fomentar el empleo fue validada por la Xunta, tanto la gobernada por PSOE-BNG como por el PP. Calviño apuntó a una de las dos empleadas que lo denunciaron como "la máxima responsable" de que se realizasen los cursos y aseveró que su cargo era "institucional".

En uno de los últimos autos emitidos a lo largo de estos años, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 concluyó que las distintas ramas de la operación Zeta tenían el entramado empresarial de Gerardo Crespo como nexo común y el mismo objetivo: conseguir fondos públicos destinados a cursos de formación y utilizarlos para fines privados. La operación policial contra la presunta trama de fraude de subvenciones comenzó a finales de 2011, tras la denuncia presentada por dos empleadas del presidente de Caype, Eliseo Calviño. En octubre de 2012 la policía registró las sedes de las empresas y asociaciones investigadas.

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