02 de marzo de 2018
02.03.2018

El tribunal anula el auto que prohibía a Calviño disponer de su casa de Cabana

"No consta que la investigación desenvuelta en estos seis años se haya materializado en una concreta imputación", argumenta la Audiencia

02.03.2018 | 03:31
Eliseo Calviño, con su abogado, Xoán Antón Pérez-Lema, acceden a Nuevos Juzgados.

El presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, ya puede disponer de la vivienda y finca que posee en la parroquia de San Pedro de Corcoesto (Cabana de Bergantiños). La juez que investiga la operación Zeta le impuso como medida cautelar la prohibición de disfrutar de esta propiedad, pero Calviño recurrió la decisión a la Audiencia y le ha dado la razón. "No consta que la investigación desenvuelta en estos seis años se haya materializado en una concreta imputación respecto al ahora recurrente", indica el tribunal.

Los jueces subrayan en el auto que la instructora basa su resolución en "alegaciones genéricas de la apropiación de más de cuatro millones de euros llevada a cabo por la trama efectuada a través de Caype", sin que dé "una somera explicación de la participación que haya podido tener el ahora recurrente, y, en su caso, de cuál fue el presunto importe del que dicho recurrente se ha podido apropiar fraudulentamente, para que ello pueda servir de baremo sobre el que calcular el afianzamiento de sus posibles responsabilidades pecuniarias".

La sección segunda de la Audiencia Provincial insiste en que en el documento emitido por la juez instructora falta "una concreta imputación" del sospechoso que permita "fijar de forma concreta y no aleatoria" cuáles pueden ser las posibles responsabilidades económicas a las que podría enfrentarse en caso de ser condenado. Por ello, acuerda dejar sin efecto la prohibición de disposición del inmueble acordada por el Juzgado de Instrucción número 6.

El abogado del presidente de Caype, Xoán Antón Pérez-Lema, denuncia que la magistrada instructora está "desarrollando una auténtica causa general en la que el respeto por las garantías procesales es nulo". El letrado asegura que "lo más grave de todo" es que "a día de hoy, casi siete años después de comenzar la instrucción, ni Calviño ni ninguno de los investigados sabe concretamente de qué se le acusa".

Los agentes que investigaron la Zeta señalaron en el sumario que tienen "el convencimiento" de que Calviño pagó "la práctica totalidad de los gastos" de la rehabilitación de la casa de Cabana de Bergantiños con "las devoluciones ilícitas" que le hacía el empresario Gerardo Crespo. En total, según la Policía Judicial, el sospechoso abonó alrededor de 700.000 euros procedentes de las arcas públicas para la remodelación de la vivienda, que pretendía convertirla en un hotel rural con 14 habitaciones. La reforma de la casa, según los investigadores, comenzó en mayo de 2008, justo cuando Calviño se fijó un sueldo de 4.500 euros mensuales como presidente de una entidad de autónomos "fantasma". Los pagos a obreros y empresas, según la policía, los hizo en efectivo.

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