07 de marzo de 2018
07.03.2018

Un juzgado anula el acuerdo que obligaba al Concello a pagar 3,3 millones al año a Albada

La sentencia niega que exista el desequilibrio económico que argumenta la concesionaria de la planta de basuras y la acusa de prever un volumen de residuos rechazados muy inferior al real

07.03.2018 | 11:40
Una operaria de la planta de Albada trabaja en el proceso de separación de los residuos.

Solo cinco días después de que la Xunta le impusiera una sanción de 60.000 euros por no sellar dos vertederos de residuos no reciclables, la concesionaria de la planta de Nostián, Albada, recibe un nuevo varapalo con la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que admite el recurso de lesividad presentado por el Concello en 2015 y anula el acuerdo de 2011 por el que se le reconocía el derecho a recibir cada año 3,3 millones de euros para compensar el desequilibrio económico que la empresa aseguraba padecer. Esa cantidad se basaba en el coste del tratamiento de un 55% de residuos que no pueden ser reciclados, a lo que se unía un 5% de gastos generales y otro 5% de beneficio industrial.

El recurso fue presentado por el Gobierno local del PP cuando faltaban menos de dos meses para la celebración de las elecciones municipales a solo 22 días de que expirase el plazo y casi cuatro años después de que el Concello alcanzara el acuerdo con Albada.

La concesionaria aún podrá apelar este fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero al aceptar que el acuerdo de 2011 fue lesivo para las arcas municipales, considera "probado" que no se produjo el desequilibrio económico de 33,1 millones que calculó la compañía. También rechaza la magistrada que el Concello se haya beneficiado un enriquecimiento injusto que hiciera necesaria una compensación, ya que el supuesto empobrecimiento de Albada "proviene directamente del comportamiento de la misma, al hacer una licitación basada en un supuesto ideal de rechazos".

Según la sentencia, el cálculo de residuos no reciclables que la empresa había incluido en la oferta presentada al concurso mediante el que obtuvo la concesión "nada tiene que ver con la realidad de otras plantas españolas" existentes en aquel momento, así como con "la tozuda realidad posterior", ya que el volumen actual de rechazos en instalaciones similares se sitúa "entre el 50% y 55%" de los residuos, cuando en su propuesta lo calculó en tan solo el 35%. De acuerdo con estos datos, para la juez "no están fundamentados los pagos extraordinarios acordados por la Administración".

El fallo detalla que Javier Polanco, quien fue director general de Tecmed (en la actualidad Urbaser, una de las empresas que integran Albada), declaró en esta causa que la previsión de que los residuos no reciclables fuera del 35% fue "ideal", aunque también admitió que esa cifra, incluida en la propuesta de la empresa para participar en el concurso era un "compromiso" para tratar ese número de toneladas de residuos a un precio determinado.

La sentencia desmonta además el argumento empleado por Albada para justificar el supuesto desajuste económico que sufrió, basado en una supuesta influencia en su actividad de la Declaración de Efectos Ambientales, ya que tuvo que realizar obras y aumentar costes de explotación que sumaron más de 25 millones de euros, entre los que figura la ampliación del vertedero original de la planta. Para la juez, ese razonamiento "ha quedado desmentido por las auditorías encargadas por el Ayuntamiento", en las que dice que "se prueba que la Declaración de Efectos Ambientales no influyó finalmente en la capacidad del vertedero", ya que tras su ampliación "se consiguió un volumen de vertido igual al previsto en la oferta" presentada por Albada.

En cuanto a los otros costes que aumentaron para la empresa, la sentencia le recuerda que este servicio se gestiona "a su riesgo y ventura, por lo que la Administración no garantiza la obtención de beneficios", y que si las empresas participan en un concurso "lo hacen bajo su responsabilidad, por lo que responden de los errores de cálculo de la oferta presentada".

Si consideran que el modelo de gestión de residuos diseñado por el Concello no era viable, como adujo Albada para oponerse al recurso municipal, "lo que deben hacer es no presentarse, pero no presentarse con tarifas a la baja para obtener la adjudicación del contrato", destaca la juez, pero sin esperar luego que si esos ingresos no son suficientes, la Administración "acudirá en su ayuda indemnizando las pérdidas y los beneficios que esperaban y que no han obtenido".

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