08 de marzo de 2018
08.03.2018

Albada, una carrera de fondo en los juzgados

La concesionaria de Nostián ha reclamado al Concello más de 80 millones en tres pleitos con sentencias no firmes y solo percibirá cinco

08.03.2018 | 01:25
Vista de uno de los depósitos de rechazos de la planta de Nostián.

El Concello y la gestora de Nostián, Albada, han llevado a los juzgados tres conflictos en los que la empresa ha reclamado en total más de 80 millones de euros por supuestos desequilibrios económicos y la revisión del canon. Los jueces solo estimaron parcialmente una demanda, por la que se le compensa con cinco

Los pleitos judiciales que enfrentan al Ayuntamiento con la concesionaria de la planta de residuos de Nostián han supuesto de momento un duro golpe a las pretensiones económicas de la empresa. Las sentencias de tres juzgados coruñeses desde comienzos del año pasado han tumbado las reclamaciones de Albada o las han estimado parcialmente, de manera que de los algo más de 80 millones de euros que demanda al Concello desde 2013 por distintos conceptos solo percibirá alrededor de 5 millones. La cantidad restante es dinero que se ahorran las arcas municipales, aunque ninguno de los fallos es firme: Albada ha recurrido al menos uno al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El grupo municipal del PP, en cuyo mandato se promovieron las causas judiciales contra la concesionaria por advertir la improcedencia de sus reclamaciones, se atribuyó "el ahorro de 80 millones de euros para los coruñeses" a raíz de la resolución en primera instancia de los tres pleitos. Las sentencias, sin embargo, no son firmes y hasta ahora dos fueron recurridas por la empresa.

La portavoz popular, Rosa Gallego, recordó que el Gobierno local anterior presentó en 2015 un recurso de lesividad -menos de dos meses antes de las elecciones municipales y a 22 días de que terminase el plazo para interponerlo- contra el acuerdo de 2011 entre Albada y el Ejecutivo del bipartito por el que se le reconocía a la concesionaria el derecho a percibir cada año 3,3 millones de euros para compensar el desequilibrio económico que aseguraba sufrir. La última sentencia, conocida el miércoles, anula el acuerdo de 2011 y considera probado que Albada no padeció un desequilibrio que había calculado en 33,1 millones, cuantía que reclamaba. El fallo concluye que la estimación de rechazos efectuada por la empresa en la oferta del concurso por el que obtuvo la concesión, el 35%, no se ajusta "a la realidad de otras plantas españolas", que es "de entre el 50% y el 55%".

El BNG se otorga también parte de responsabilidad en este fallo del juez al recordar que el recurso de lesividad fue la medida que propuso durante el mandato del PP "para obtener resoluciones judiciales favorables" en el conflicto con Nostián. El alcalde, Xulio Ferreiro, admite que el acuerdo de 2011 era "lesivo" para el Ayuntamiento y aplaude la estrategia jurídica adoptada, pero acoge la sentencia "con prudencia" al tratarse de primera instancia y poder ser apelada.

Albada también reclamaba al Concello desde 2013 que le abonase 14,7 millones por la revisión del canon de aquel año, que pedía que se actualizase conforme a una fórmula polinómica y no basándose en el IPC, como se había hecho entre 2003 y 2012. Un juzgado de lo Contencioso-administrativo dio la razón al Ayuntamiento en marzo del año pasado y le eximió de pagar esa cantidad. La sentencia fue recurrida en el TSXG. Un mes antes el juez estimó parcialmente un recurso de la concesionaria de Nostián, que exigía 32,5 millones de euros por un supuesto desequilibrio económico de la concesión. El fallo sí admitía compensar a Albada por la construcción de uno de los vertederos en los que depositó residuos que no pudo tratar con 4,6 millones de euros, cantidad que se actualizó según el IPC desde 2009 e incrementó con los intereses acumulados.

El cierre de dos vasos del vertedero de Nostián es otro conflicto entre Albada y el Concello que también podría acabar en los juzgados. La Xunta, que instó a la empresa a sellar los depósitos en el plazo de un año, le impuso una sanción de 60.000 euros la semana pasada por no hacerlo y la obligación de ejecutar la obra. La concesionaria alega que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a la aprobación del proyecto de sellado como requisito previo al comienzo de los trabajos y sopesa recurrir a la vía judicial.

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