Ni la comisión de seguimiento creada para fiscalizar el cumplimiento de las bases de la concesión de las instalaciones de la antigua fábrica de armas a Hércules de Armamento ni la asesoría jurídica han encontrado, por ahora, irregularidades en el proceder de la empresa que puedan motivar la rescisión del acuerdo, según ha adelantado esta semana la senadora del PP María Aparicio. Lo hizo en la Comisión de Defensa del Senado, donde el PSOE presentó una moción para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad industrial de la fábrica de armas, también a "poner en marcha un plan específico" para conseguir la recuperación del empleo en esta infraestructura, así como blindar los puestos de trabajo de la plantilla.
La propuesta, debatida el pasado miércoles, 21 de marzo, no consiguió ser aprobada ya que sumó quince votos en contra, los del PP, ocho a favor, los de PSOE y los del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y tres abstenciones, la del grupo nacionalista PDeCAT, la del Grupo Parlamentario Vasco y la de Esquerra Republicana.
En su defensa de la moción, el senador socialista Ángel Manuel Mato afeó al PP que no se pusiese del lado de los trabajadores que llevan meses sin cobrar y que no hiciese frente a los reiterados incumplimientos del contrato en los que ha incurrido la actual concesionaria de las instalaciones de la antigua fábrica de armas -y que están demostrados judicialmente-, como el impago de salarios, del canon o de las obligaciones con la Seguridad Social.
La senadora del PP encargada de contestar a la moción, María Aparicio, alegó que existe ya una comisión de seguimiento de cumplimiento del contrato de adjudicación y que no ha manifestado que haya motivos para ejecutar "la rescisión del contrato ni ningún expediente de caducidad del mismo" como tampoco ha encontrado motivos la asesoría jurídica para hacerlo, por lo que su voto fue contrario a la moción socialista.
Hércules de Armamento se comprometió, al firmar la concesión de las instalaciones, a contratar a 155 empleados durante su primer año y a mantener esta plantilla, por lo menos, durante tres ejercicios. Actualmente, tras cuatro años de gestión de las instalaciones, la situación es muy diferente. Según el PSOE "no hay ni una docena de trabajadores que acuden diariamente al centro de trabajo" y, a pesar de ello, "no tienen nada que hacer".
El PSOE señala también que la empresa acarrea una deuda de tres millones de euros, además de que no ha abonado "las cuotas obligatorias de cotización a la Seguridad Social de ninguno de sus trabajadores" y que eso generó "una deuda de dos millones de euros" con las arcas públicas. Según Aparicio, después de que la segunda, la tercera y una parte de la cuarta anualidad del canon se cobrase a partir de la ejecución de los avales que garantizaban el contrato de la concesión [que ascendían a 400.000 euros]" está en el aire que la empresa pueda hacer frente a esos pagos de 250.000 euros al año por usar la factoría. "En los tiempos más recientes esas garantías se han acabado", explicó Aparicio.
En febrero, la concesionaria solicitó a Defensa permiso para constituir una hipoteca sobre su concesión de las instalaciones de la antigua fábrica de armas.
El pago debería haberse realizado antes del 20 de marzo, como la comisión de Defensa se celebró el 21, la senadora Aparicio mostró sus cautelas antes de decir que la cantidad no se había satisfecho, aunque anunció qué hará el Ministerio de Defensa si, finalmente, Hércules de Armamento no ha hecho frente al pago. "En el caso de que ese canon no haya sido abonado, que todo parece indicar que, probablemente no haya sido abonado, a no ser que haya aparecido un socio (...) el Ministerio de Defensa incoaría el oportuno expediente de caducidad para rescindir ese contrato de concesión", aseguró la senadora. Ayer, Defensa, consultado por este diario, no aportó información sobre la concesión.
Para tener en cuenta esa posibilidad, Aparicio propuso una enmienda a la moción en la que solicitaba que la Comisión de Defensa del Senado solicitase al Gobierno que, "en el supuesto de una caducidad sobrevenida de la actual concesión de la fábrica de armas", se estudiasen "posibles proyectos de futuro industrial para la instalación" y que, además, se atendiese y se escuchase "a todos aquellos interesados en su presentación y conservación".
A la hora de repartir responsabilidades, la senadora del PP defiende que, cuando se adjudicó el contrato a Hércules de Armamento, ni el entonces alcalde, Carlos Negreira, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "tenían una bolita de cristal para saber cuál iba a ser la gestión futura que iba a realizar la concesionaria" y alega que las instituciones no podían interferir en la gestión de la adjudicataria. Mato, sin embargo, apunta a que Hércules de Armamento "era un bluf", tal y como habían anunciado los antiguos miembros del comité de empresa de la fábrica de armas.
