Una mujer se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por, presuntamente, cobrar durante 23 años, entre 1991 y 2014, el subsidio de discapacidad de su padre fallecido. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial también se sentará su marido, quien se enfrenta a una demanda de dos años de prisión. La esposa del beneficiario de la ayuda fue investigada, pero murió en diciembre de 2015. La procesada y su marido, según la Fiscalía, simularon que el hombre -fallecido en 1991- seguía vivo para cobrar la prestación. De esta forma, consiguieron apoderarse de 67.800 euros.

El representante del Ministerio público imputa a cada uno de los sospechosos un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial. La acusación relata en su informe que rellenaron impresos de la Consellería de Asuntos Sociais y falsificaron la firma del fallecido. También presentaron documentos que daban fe de vida del padre de la imputada. La Fiscalía indica en su escrito de calificación que durante la investigación no se acreditó si fue expedido por el Registro Civil de A Coruña -pues en esas fechas solo se exigía presentar el DNI del beneficiario y la presencia de dos testigos- o si fue confeccionado por los procesados de forma fraudulenta.

En mayo de 2013, la Xunta advirtió que en una de las supuestas declaraciones del beneficiario de la ayuda no había manifestado su conformidad o disconformidad para que consultasen sus datos económicos y fiscales, por lo que le requirió que cubriese esa casilla. "Esa comunicación fue recibida personalmente por el acusado el 18 de mayo de 2013, pero no fue atendida de forma alguna por los acusados, debido al temor de ser descubiertos en su ilícito actuar", señala el representante del Ministerio público, al tiempo que considera probado que "con la finalidad de procurar la impunidad de los hechos cometidos y de que cesase toda actuación administrativa" idearon un plan. Para ello, elaboraron un escrito supuestamente realizado por el fallecido en el que comunicaba a la Xunta que se trasladaba a Madrid a residir con uno de sus hijos y que se encargaría él de tramitarle la pensión no contributiva ante los órganos de esa comunidad autónoma. La Administración gallega descubrió en julio de 2014 que no existía tal traslado y que el solicitante había fallecido en 1991.

Los procesados, según la Fiscalía, trataron de inculpar a la madre de la sospechosa, ya fallecida, presentando un escrito en el que supuestamente la mujer reconocía su responsabilidad en el cobro de la ayuda. El documento está escrito por su yerno y su hija falsificó su firma, según el fiscal.