Solo unos días antes de la reunión prevista entre el Concello y Puertos del Estado, aplazada por el presidente de la administración estatal durante meses, el presidente de la Xunta comparecía en la ciudad para anunciar solemnemente que había llegado a un acuerdo con el Gobierno estatal para los muelles interiores. Un acuerdo sin el Concello, cuyo alcalde le había propuesto ocho meses antes colaborar entre administraciones para desarrollar la recuperación de esta parte de la ciudad, con la premisa de mantener los terrenos como públicos y para evitar una macro operación inmobiliaria en San Diego, donde está prevista la construcción de más de 4.000 pisos. El acuerdo parecía firme pero le quedaba al menos medio año de negociación y trámites.

Alberto Núñez Feijóo señaló el 10 de octubre que el convenio se firmaría "en las próximas semanas". El próximo martes se cumplirán exactamente seis meses desde aquel día, en el que proclamó que no se venderían Batería y Calvo Sotelo [llegó a asegurar que así no se construirían viviendas cuando ya no lo permite el plan general] y aplazó cualquier decisión sobre San Diego a 2020, siempre con el objetivo de que la Autoridad Portuaria pudiese pagar las deudas contraídas por Langosteira.

Desde entonces, la Xunta y su presidente han tenido que justificar varias veces la demora de la firma del convenio más allá de esas "próximas semanas". Después de que el anuncio lo protagonizase el propio Núñez Feijóo con un silente presidente de Puertos al lado, decidió dejar el desarrollo y las explicaciones oficiales posteriores en manos de la Consellería do Mar (que tiene un miembro de 15 en el Consejo), salvo en las ocasiones en las que se le ha preguntado directamente en alguna comparecencia pública. Nunca se ha puesto fecha, ni aproximada, para la firma.

Una de las preguntas se le hizo el pasado 22 de febrero tras el Consello de Goberno de la Xunta. El presidente autonómico alegó ante los medios de comunicación que el acuerdo anunciado en octubre necesitaba aún informes jurídicos y fiscalización, también "consignación presupuestaria". No explicó para qué se necesita esa partida presupuestaria. Todos los convenios entre administraciones que incluyen un compromiso económico deben, o bien estar sustentados en el presupuesto en vigor, o bien incluir un compromiso de consignación en el presupuesto siguiente.

Nada se ve en el proyecto de presupuestos estatales que se acaba de presentar y, con los términos del pacto aún sin sellar, tampoco en los pasados presupuestos autonómicos. En el proyecto estatal tampoco figura el tren al puerto exterior, protagonista absoluto de la respuesta que ofreció el miércoles Núñez Feijóo tras otro Consello de la Xunta. Indicó que la rúbrica estaba esperando por este compromiso de Adif y Puertos el Estado para financiar el acceso. Añadió que así lo había mencionado en la rueda de prensa de octubre aunque no le dedicase ni una palabra a la cuestión.

El futuro convenio excluye de la ecuación al Concello, al que no se ha invitado a participar, a pesar de tener competencias urbanísticas y de que se está decidiendo la transformación del centro de la ciudad para ponerlo a disposición de los coruñeses. En su comparecencia de octubre, Feijóo dejó claro que la inclusión de otras administraciones, equiparando al Concello con la Diputación, quedaría para "después".

El Concello organiza este mes un foro al que ha invitado a ciudadanos, colectivos y administraciones para la definición consensuada del futuro de litoral. Aún no ha convocado la consulta pública que se aprobó en una moción en el Pleno. El alcalde, Xulio Ferreiro, comentó que sigue pendiente de la confirmación de asistencia al foro de los presidentes autonómico, de Puertos y de la Autoridad Portuaria coruñesa. Tampoco tiene respuesta, añadió, de su propuesta de consorcio. "No tenemos respuesta a esa propuesta de protocolo", indicó, "lo que no vamos a permitir es que la ciudad quede excluida de ese debate y no sea protagonista, como lo será en este momento del foro".