Los desahucios de personas de sus viviendas no contarán con la colaboración del Concello a través de su personal, como policías y bomberos, según figura en el texto de la moción que se debatirá hoy en el pleno municipal y que será presentada por Marea Atlántica, PSOE y BNG. La iniciativa se realiza a propuesta del colectivo Stop Desahucios y señala que la presencia de los trabajadores municipales no se producirá "salvo orden judicial expresa".
Aunque en la mayoría de estas actuaciones es el Cuerpo Nacional de Policía el que interviene, en algunas ocasiones se ha solicitado la presencia de agentes municipales o de bomberos, como sucedió en el desahucio de Aurelia Rey en 2013, en el que un bombero se negó a participar en el desalojo de la anciana.
La moción plantea además que el Concello ponga sus recursos al servicio de la "resolución satisfactoria de las familias afectadas por estos procesos", para lo que deberá elaborar un protocolo con el que se intervenga para atender a familias en situación de desamparo. Mediante estas actuaciones se cubrirán sus necesidades básicas, con especial atención a los menores, personas con diversidades, víctimas de violencias machistas o familias en riesgo de exclusión social.
El texto exige además que se mantenga el compromiso del Concello con el derecho a una vivienda y con la promoción de iniciativas que permitan garantizarlo. También propone solicitar al Parlamento gallego y el Congreso que aprueben medidas legales contra la "desocupación permanente de viviendas" y a favor de "acciones de protección, seguridad y amparo" de los afectados por desahucios de sus domicilios habituales.
La portavoz del BNG, Avia Veira, recordó ayer que su grupo consiguió anteriormente la aprobación de una moción contra los desahucios "que no surtió los efectos esperados" y que espera que esta los tenga, lo que prevé reclamar en el futuro. "Lo que hacen falta son políticas activas de vivienda para incidir en el mercado de alquiler y ayudar a las personas desahuciadas", destacó Veira, para quien la intervención municipal en este campo ha sido escasa. La edil recuerda que la Policía Local no tiene entre sus competencias los desahucios, por lo que respalda que no acuda a estas intervenciones.
El portavoz del PSOE, José Manuel García, califica de "coherente" la moción que hoy se aprobará y defiende que el Concello "articule mecanismos para dar soluciones en clave ciudad a personas afectadas por un desahucio".
El Gobierno local opera en casos vinculados a desalojos a través del programa A Flote, con el que concedió el año pasado 197 ayudas a familias para abonar deudas por impago del alquiler de vivienda o fianzas. La iniciativa se desarrolla mediante la Fundación Emalcsa y benefició a 179 personas, que recibieron en total 104.762 euros, la mayoría para pagar mensualidades de alquiler de vivienda y habitaciones. Con estas ayudas se evitaron 78 desahucios.
En 2017 se efectuaron 406 lanzamientos de viviendas en el partido judicial de A Coruña, de los cuales 62 fueron por impago de hipotecas, 340 por el de alquileres y 4 por otras causas. En Galicia estas acciones crecieron un 4,6% y llegaron a 1.639, lo que representa casi cinco por día, debido al fuerte aumento de los desahucios motivados por los alquileres, lo que se explica por la continua subida de los precios que genera la dificultad para obtener un crédito hipotecario. Frente a esta situación, las ejecuciones por hipotecas cayeron un 6,5% y se situaron en 1.018, el número más bajo desde 2007.
