La aprobación el lunes por el pleno municipal de una moción promovida por Stop Desahucios declara a la ciudad libre de estas medidas y plantea la aplicación de iniciativas para evitar la pérdida del domicilio familiar. Pablo Fernández, miembro del colectivo, advierte que vigilará para comprobar que la moción se aplique.

- ¿Qué supone la aprobación por el pleno municipal de la moción promovida por su colectivo que declara a la ciudad libre de desahucios?

-Es un primer paso, pero en el mismo pleno el BNG recordó que en 2015 hizo una propuesta similar y no se llegó a aplicar. En esta ocasión lo han hecho tanto el BNG como Marea y el PSOE, que gracias a Dios se ha sumado, por lo que entendemos que es un primer paso para sentar las bases de lo que se puede hacer para defender a las familias en situación de vulnerabilidad. Muchas de ellas arrastran desempleo, incapacidad, enfermedad, violencia de género y niños pequeños, y la mayoría de ellos han llegado a esta situación por falta de trabajo y precariedad, pero no se les da una ayuda transitoria, porque nosotros no pedimos que se les regale nada. Pero vemos que a los bancos se les rescata con 60.000 millones de euros, que es una cantidad brutal, y que este año están ganando ya 15.000 millones, mientras que la propia Abanca, que fue rescatada con 9.000 millones, está ganando 400 millones. Y tienen además viviendas cerradas desde hace diez años y no las ponen al servicio del público para que tenga acceso a la vivienda.

- ¿Temen que con esta moción pase como con la aprobada hace dos años a instancias del BNG?

-Ciertamente, porque la moción es una declaración de intenciones bastante extensa y detallada, así como genérica, de una serie de líneas de trabajo que si se desarrollan permitirán que lleguemos a algo positivo. Pero si no se desarrollan será papel mojado, ya que si los políticos no empiezan a trabajar en esa línea habrá sido un brindis al sol porque no servirá de nada. Ahora depende de ellos, ya que hay una buena voluntad y un apoyo de tres grupos políticos del Concello, aunque el PP por lo menos se ha abstenido, ya sería vergonzoso que se hubieran opuesto a la moción. Por supuesto, vamos a intentar estar atentos para ver lo que van haciendo.

- En varias intervenciones del pleno se dijo que lo que hace falta es una verdadera política municipal de vivienda. ¿Están de acuerdo?

-Por supuesto, pero es que hace falta una política nacional, autonómica y local de vivienda. El parque de vivienda social de este país es de solo el 2% del total, cuando la media europea es del 20% y en los grandes países favorables a la ayuda sociales es del 30%. El porcentaje en España es ridículo y por eso pasa lo que pasa, ya que cuando una familia está en riesgo de desahucio por un alquiler o una ejecución hipotecaria no tiene una vivienda social asequible. Esto se ha olvidado durante muchos años porque parece que aquí todos vivíamos muy bien y no era necesaria la vivienda social, pero ahora que nos ha llegado la crisis nos hemos dado cuenta. Cada vez que tenemos un desahucio, la Xunta nos dice que no tiene viviendas sociales, y lo tenemos por escrito. Y por eso hacen un convenio con el banco del propio afectado para cederle su propia vivienda en alquiler, del que más de la mitad lo paga la Xunta, de forma que el Estado vuelve a financiar a la empresa privada. A los bancos nadie les pone contra la pared y les dice que cedan las viviendas que tienen cerradas durante un periodo de tiempo amplio para las familias que están en riesgo de exclusión. Si a ellos se les echó el flotador para que se salvaran, ahora deben poner algo de su parte de forma social.

- Los desahucios se han trasladado de las hipotecas a los alquileres en los últimos años. ¿Le ha restado eso presencia mediática al problema?

-Sí, pero también hay un cansancio en la lucha. Y además hay algunos desahucios que están parados mientras no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al igual que ha pasado con las cláusulas suelo, ha tenido que poner en evidencia que el Estado español legisla en contra del débil. Ha habido sentencias en las que han intentado salvar situaciones de acoso al consumidor, cuando la directiva europea 92/2013 dice que la defensa del consumidor es prioritaria, de lo que se olvidan muchos de los gobernantes españoles.

- ¿Se ven de forma diferente los desahucios por hipotecas que los de alquileres? ¿Cabe la posibilidad de que alguien pida ayuda para evitarlo cuando en realidad no quiere pagar la renta?

-Es verdad que se ven de forma diferente, pero también lo es que en Stop Desahucios detectamos a las personas que en realidad lo que tratan es no pagar el alquiler. Jamás aceptamos casos en los que no hay documentación que respalde la defensa de un afectado. Por supuesto que puede haber personas que intenten aprovecharse, pero en el momento que vemos que la documentación de alguien es falsa, no nos ponemos a defenderle. En general, las personas que llegan a nuestro colectivo saben que les vamos a pedir la documentación acreditativa, por lo que puede haber algún caso, pero en nuestra plataforma no ocurre.