El pleno aprobó ayer instar al gobierno local a que remita el expediente íntegro de la compra de pisos para su rehabilitación y alquiler social al Consello Consultivocompra de pisos para su rehabilitación y alquiler socialConsello Consultivo, para que este dictamine si la adquisición debe ser anulada. El PP, el PSOE y el BNG apoyaron el único punto del orden del día, en el que se abstuvieron los miembros del Gobierno local. Antes de la sesión extraordinaria, el Ejecutivo se reunió en junta para acordar someter al dictamen del órgano autonómico dos de las seis viviendas que se compraron, después de que un informe de la asesoría jurídica dictase que podrían haber incurrido en causas de nulidad por inobservancia de las bases del concurso. La investigación concluye que los incumplimientos detectados en los otros inmuebles no tienen entidad suficiente para motivar su anulación.

El Gobierno local mantiene su plan de revisar los trámites de selección de solo dos de los inmuebles, uno en la calle Joaquín Martín Martínez y otro en la calle Barrera. Según las deducciones del informe de asesoría jurídica, el primero es una oficina no legalizable como vivienda por su altura a pesar de ser su uso real. Esta propiedad fue objeto de las críticas del PP por pertenecer a un firmante fundacional de Marea, al igual que otro de los seis inmuebles adquiridos. El segundo de los pisos señalados por la asesoría jurídica, ubicado en un edificio de más de 50 años en Pescadería, cosechó una ITE desfavorable.

¿Puede el Gobierno local someter a evaluación del Consultivo únicamente la compra de estos dos pisos a pesar de que el Pleno conminase a la fiscalización del expediente completo? Votaron 25 concejales por la ausencia de un edil popular y otro del PSOE. La propuesta del PP obtuvo 15 votos a favor y 10 abstenciones. El Pleno no tiene competencias para enviar al Consultivo los expedientes, esta orden tendría que darla el Gobierno local. Por eso, el punto aprobado "insta al Gobierno municipal a incoar un procedimiento de revisión" pero no es un paso automático. Depende, por tanto, de una decisión política y de la interpretación de la obligatoriedad de la moción que haga el Ejecutivo.

El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, solicitó votar por separado sobre los pisos que la asesoría sugirió revisar pero la promotora de la propuesta, la popular Rosa Gallego, declinó este punto y centró sus críticas en los dos pisos comprados al militante. El informe de los letrados municipales va más allá de este par de inmuebles, valida la actuación del tribunal de funcionarios pero objeta el proceso de verificación del concurso que, por "la indefinición" de las bases, no contrastó adecuadamente si las ofertas se ajustaban al pliego del concurso, hallando varios incumplimientos en la investigación, dos de ellos con visos de ser causas de nulidad.

Varela negó cualquier injerencia política en el proceso y defendió el objeto del concurso: comprar pisos para rehabilitarlos y destinarlos a fines sociales para paliar la "crisis habitacional" y aumentar el "exiguo" parque de viviendas municipal. El concejal reconoció en el pleno los incumplimientos desvelados por el informe, "la mayoría menores y subsanables". Aludió a la investigación para justificar que solo hayan decidido elevar al Consultivo dos de los seis pisos comprados. El concejal criticó que se haya "maltratado" a los funcionarios que resolvieron el concurso y recordó que estos publicaron un comunicado para defender su "independencia". El edil reiteró que se revisarán las bases para la próxima convocatoria.

Los tres grupos de la oposición negaron a Varela que la investigación se hiciera motu proprio, sino que la atribuyeron a su presión. La portavoz del PP, Rosa Gallego, comenzó cuestionando la necesidad del informe de asesoría jurídica puesto que, según argumentó, debe ser el Consultivo el que examine el proceso. Desechó sus conclusiones, al considerarlas una "excusa" para ocultar otras irregularidades. Gallego optó por enfocar sus críticas, no tanto en el concurso como en la compra de los dos inmuebles del "militante y amigo". Afeó que se publicase la resolución de la convocatoria tras escriturar los pisos y que se admitiese una oficina sin el tamaño mínimo, por lo que, siguió, se vulneró la igualdad de oportunidades. Gallego exigió la dimisión de los ediles responsables de Urbanismo, Xiao Varela, y Contratación, Alberto Lema, y advirtió de que, si el Consello Consultivo anula la compra reclamarán "responsabilidades políticas y económicas". También las pedirán si solo se somete a consulta uno de los dos pisos del firmante.

El PSOE cree que sus preguntas en el Pleno quedaron sin respuesta por parte de Xiao Varela, como por qué no publicaron en el BOP el acuerdo de compra para que se pudiesen presentar alegaciones al ser "algo que puede suponer la anulación de todo el proceso" y que no analizó la asesoría. "En vez de hacerlo con diligencia y cuidado, se hizo con opacidad", declaró el socialista José Manuel Dapena, que cuestionó si los dos ediles asumirán responsabilidades o si el alcalde "seguirá de perfil" si no lo hacen.

La concejala del BNG, Avia Veira, recriminó al PP que use su potestad numérica para convocar plenos extraordinarios para un asunto como este y no para problemas que "dan menos titulares" pero de mayor gravedad, como la movilidad o la atención social. Veira rechazó que se centre el asunto en el firmante de la Marea, al entender que cualquiera podía presentarse al concurso. Para ella, el problema no fue ese, sino la interpretación "laxa" de las bases. Dijo que al Ejecutivo le "honra" haber sometido a revisión el concurso pero también reprochó que llegase "tarde" y después negar cualquier error. Afeó la imagen "pésima" que se está ofreciendo con un concurso lleno de irregularidades. "No sé qué miedo hay en enviar el expediente completo al Consultivo", concluyó.