14 de abril de 2018
14.04.2018

Evitar nuevos desalojos y atender a los que los sufren

La moción impulsada por Stop Desahucios obliga al Concello a poner en marcha medidas para hacer frente a la pérdida de la vivienda

14.04.2018 | 09:04
Protesta contra una orden de desahucio en A Coruña, en 2016.

Los grupos municipales de la izquierda respaldaron el lunes una moción de Stop Desahucios que solicita a todas las administraciones medidas contra estos procedimientos, por lo que el Concello también queda obligado a desarrollarlas para impedir que se produzcan más y asistir a quienes ya son víctimas de ellos

Luchar contra los desahucios en todas las vertientes en las que se manifiesta este problema. Ese es el objetivo de la moción aprobada el pasado lunes por el pleno del Concello con los votos de Marea Atlántica, PSOE y BNG, además de la abstención del PP, y que fue propuesta por la plataforma Stop Desahucios.

Durante el debate plenario, el BNG recordó que en 2015 se había aprobado otra moción de su grupo similar a esta y que no ha tenido consecuencias, al tiempo que acusó al Gobierno local de no haber desarrollado una política de vivienda y de seguir trabajando con bancos que ejecutan desahucios. El PSOE calificó de "violencia del sistema" el desalojo de familias de sus viviendas y admitió que los partidos no han sido capaces de dar respuesta al problema.

Marea Atlántica expuso su objetivo de que la empresa municipal de viviendas actúe como una oficina de vivienda y rechazó incorporar a la ciudad al Plan de Vivendas Baleiras de la Xunta por considerarlo un "desastre", al tiempo que defendió su propuesta para adquirir pisos con destino al alquiler social. El PP tildó por su parte de "brindis al sol" esta moción y acusó al Gobierno local de carecer de política de vivienda. A continuación se detalla el contenido de la iniciativa que el Concello se obliga a poner en marcha.

ECiudad libre de desahucios. Esta declaración implica que el Concello no facilitará medios materiales y humanos para su realización, a no ser que exista por medio una orden judicial. También supone que aportará todos sus recursos para lograr una "solución satisfactoria" para los afectados. Otra de las medidas previstas es la elaboración de un protocolo de actuación para evitar el desamparo de familias que permita atender sus necesidades básicas, con especial atención a menores, discapacitados, víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social.

EPlan de Vivienda. El Concello deberá impulsar medidas contra la "desocupación injustificada" de viviendas para hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el acceso a una. Para ello, tendrá que instar a todas las administraciones con competencias en la materia, así como a las Cortes y el Parlamento gallego para que adopten esas iniciativas. También pondrá en marcha un Plan Municipal de Vivienda que reconocerá a estos bienes como de primera necesidad.

EViviendas desocupadas. El Gobierno local deberá solicitar que los poderes públicos definan el concepto de vivienda en estado de permanente desocupación, así como que se implanten medidas de fomento, fiscales, sancionadoras o de otro tipo para impedir estas situaciones. También tendrá que exigir procedimientos para que se pueda comprobar que una vivienda esta vacía de forma permanente y que se declare así, así como que se incluyan en un Registro de Solares para que sean subastadas.

EApoyo a los afectados. El resto de las administraciones y poderes públicos serán llamados por el Concello a proporcionar protección, seguridad jurídica y amparo a las personas a las que se pretenda despojar de su vivienda habitual. Para ello se solicitará que las ejecuciones hipotecarias no afecten a estas viviendas y que se apliquen medidas fiscales para los afectados con el fin de evitar su desamparo. También se reclamará mayor transparencia en las hipotecas, de forma que se informe sobre su adquisición a las entidades financieras por parte de empresas o fondos, para lo que debe impedirse que tras un desahucio la inscriban a su nombre. Otra exigencias es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores informe sobre las hipotecas cedidas a estos fondos y que los juzgados suspendan los desahucios mientras no se demuestre que el crédito no ha sido cedido por la entidad financiera.

EOficina Municipal de Vivienda. El Gobierno local se obliga a crear este organismo para desarrollar todas las acciones anteriores propuestas que respondan a competencias municipales. Entre ellas deben figurar la información, asesoramiento e intermediación en casos de desahucio por impago de hipotecas o alquileres. La oficina se coordinará con los servicios sociales y el área de vivienda para poner en marcha campañas de información sobre los derechos de la ciudadanía en este campo y asistirá a los afectados para que reciban prestaciones o las ayudas que precisen. También aplicará las iniciativas incluidas en el Plan Municipal de Vivienda, como incrementar el banco de viviendas municipales, crear un registro de viviendas en permanente desocupación, una web que informe sobre la labor de la oficina municipal y los recursos para familias en proceso de desahucio, así como asesoramiento sobre los problemas asociados a los mismos. El Concello tendrá que reformar además la normativa municipal para introducir medidas que permitan la atención a los afectados, como la regulación de las subvenciones, de forma que puedan ser recibidas por familias a pesar de que tengan deudas pendientes con el Concello. También se revisará la normativa fiscal para hacer posible el pago aplazado de deudas, así como implantar otras medidas que reduzcan la situación de emergencia de los desahuciados, de forma que se creen nuevos instrumentos de apoyo a estas personas.

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