Los mariscadores de la ría de O Burgo alertan de que la productividad del estuario ha caído por debajo del 20%. Eso implica que, en la actualidad, los profesionales que bajan a faenar no consiguen alcanzar ni la quinta parte del tope máximo establecido para cada una de las especies que se les permite extraer. El portavoz de la Asociación de Mariscadores a Pie, Manuel Baldomir, relató ayer que, en el caso de la almeja babosa, por ejemplo, el cupo máximo de cada profesional es de siete kilos por jornada y persona; actualmente, hay días en los que, entre los treinta que bajan a faenar, no consiguen extraer ni una decena de kilos.

En el caso de la almeja fina, que tiene el tope también en los siete kilos, la media de capturas por profesional no sube de los dos y, en el berberecho, donde el cupo es de diez kilos, las bolsas de los mariscadores no pasan de los tres kilos. "Desafortunadamente, ya no hay ni furtivos", dijo ayer Baldomir. Aunque parezca una contradicción, esta afirmación revela que los lodos han ido invadiendo el espacio de las áreas productivas y que a los mariscadores sin carné ya no les compensa bajar a la ría "por diez o quince euros", ya que, ahora, el furtivismo es delito y, si les descubre la policía, se juegan una sanción que puede acarrear penas de cárcel. "No es lo mismo arriesgarse por diez o quince euros que por doscientos", concluye Baldomir. Es por ello por lo que creen que se han desplazado a otros bancos más saneados y en los que la productividad es mayor.

Ante la falta de respuestas del Ministerio de Medio Ambiente a la publicación del proyecto definitivo del dragado de la ría de O Burgo, la Cofradía ha decidido volver a convocar la Mesa de Alcaldes, para el 4 de mayo. Y es que, pasado ya medio año desde que se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, el ministerio no ha dado ningún paso para que el dragado se convierta en realidad.

Los presupuestos generales del Estado consignan un millón de euros para 2018 y 25 millones repartidos desde 2017 hasta 2020, una cantidad insuficiente para sufragar todo el proyecto, ya que el documento previo calculaba que serían necesarios 46,3 millones de euros para regenerar el estuario.

Los afectados solicitan que la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente se reúnan para decidir qué porcentaje de la obra pagará cada administración.

Sobre si todo sigue igual y sobre qué pasará si la Declaración de Impacto Ambiental -que caduca el 27 de septiembre de 2022- sigue consumiendo meses sin que haya avances, Baldomir aseguró que la opción de volver "a la calle" siempre está ahí. El problema es que, cada vez, son menos los mariscadores que quedan en activo, apenas 56 profesionales que faenan a pie y de los 32 que pueden salir a flote, solo "cinco o seis" bajan con sus embarcaciones a la ría, ya que los restantes se dedican a otras artes que, actualmente, son más rentables que la almeja y el berberecho. Los mariscadores estiman que, cuando la ría de O Burgo esté regenerada, se podrán crear 300 puestos de trabajo, un cifra que generaría "900.000 euros de ingresos a la Seguridad Social", según calcula el sector.

La plataforma en Defensa de la Ría de O Burgo denuncia que todas las veces que solicitó permiso a la Subdelegación del Gobierno para cortar la calle por alguna de sus protestas, le fue denegado. "No tenemos para pagar la Seguridad Social, menos tendremos para multas", dijo ayer Baldomir.