Un año para un concurso malogrado

EAbril de 2017: las bases. Rexeneración Urbana concluye la redacción de las bases de la convocatoria para comprar viviendas o edificios libres de cargas y ocupantes con tres objetivos: "el aumento del patrimonio municipal del suelo, integración social e intervención en el urbanismo". El presupuesto es de 1,26 millones. Una vez realizada una lista de admitidos y excluidos entre los aspirantes, se abrirían las ofertas económicas para proceder a realizar una contraoferta, según la valoración de los técnicos y una tasadora externa. Los solicitantes podrían rechazar o aceptar la oferta, tras lo que se formalizarían los contratos.

EMayo de 2017: tribunal. El 19 de mayo, la junta de gobierno aprueba las bases y la constitución de una Comisión Municipal de Valoración para encargarse de "la selección y ordenación de ofertas y propuesta de autorización de los contratos". Sus miembros son tres funcionarios del departamento de Rehabilitación, un representante de la Asesoría Jurídica Municipal y el representante de Intervención Municipal. La resolución se publica en el BOP el 29 de ese mismo mes.

EJunio de 2017: inicio del concurso. El plazo se abre el 12 de junio, con la publicación en el BOP. Hay dos meses para presentar ofertas. En julio, el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, informa de que su departamento está recibiendo muchas llamadas pero aún no ofertas y avanza que habrá una segunda fase en 2018. Cuando el plan arrancó, el Gobierno local indicó que se darían por satisfechos si pudiesen incorporar al patrimonio municipal diez pisos y dos edificios. Cerrado el plazo, se contabilizan 45 ofertas.

EAgosto de 2017: sobres técnicos. El 18 y 30 de agosto se celebran las primeras reuniones del tribunal de funcionarios para abrir los 45 sobres con la documentación técnica. Antes, plantean varias cuestiones que requieren acuerdos de la comisión. Por unanimidad, deciden aceptar una nota simple registral y la solicitud al Registro de la inscripción a nombre del solicitante, dejando para después la confirmación del Registro. Aclaran que su función será la comprobación formal de la documentación y deciden encargar a los arquitectos del servicio de Rehabilitación un informe que analice si las viviendas están en situación de fuera de ordenación. Todos los solicitantes tienen carencias en la documentación y exigen subsanación.

EOctubre de 2017: lista de admitidos. 5 de octubre: la comisión de valoración elabora una lista de admitidos y excluidos, que ratifica con su firma el edil de Rexeneración Urbana. 14 viviendas son excluidas por estar fuera de ordenación, otra por no presentarse en sobre cerrado, 4 por ser aprovechamientos urbanísticos al estar en zonas por desarrollar y un inmueble de Nostián es apartado por subsanar errores fuera de plazo. Otros dos, en el lugar de Someso quedan fuera porque, en la declaración responsable, el propietario indica una superficie muy inferior a los mínimos exigidos. Es en este punto donde se decide, por unanimidad, aceptar una oferta en la calle Joaquín Martín Martínez, inscrita como oficina en el Registro pero que tiene uso de vivienda, como analiza el tribunal por las imágenes, los suministros y la descripción de las estancias. El acta recoge el argumento de que "el Servizo de Intervención de la Edificación urbanística comunicó que el cambio de uso de este inmueble, que está situado en el ámbito de aplicación da norma zonal 2 do PGOM, está permitido, siempre que cumpla con la normativa vigente en materia de habitabilidad y accesibilidade".

El resultado son 11 pisos finalistas y 2 edificios. Con fecha del 11 de octubre se abren, en un acto público, las ofertas económicas, que van desde los 147.000 euros de una vivienda en As Atochas a los 48.000 de un ático en San Antonio. Hay también dos edificios ofertados, en la calle San Luis (396.000) y en la calle Orzán (974.000). Tanto la resolución de admitidos y excluidos como la económica son publicadas en ese mismo mes en la web municipal. No habrá más publicaciones hasta entrado enero, cuando el BOP recoja el edicto de compra, ya consumada y la web reciba las actas que ordenan las ofertas y recogen las contraofertas.

ENoviembre de 2017: ofertas. Hay dos reuniones (13 y 20). Una para ordenar las ofertas y aceptar un desistimiento. Las ofertas se puntúan en función del precio/metro cuadrado y la accesibilidad. Analizan también la tasación externa encargada y la "comprobación-valoración municipal", realizada por los técnicos de urbanismo. Es en este análisis donde una investigación posterior de asesoría jurídica ve carencias debido a la "indefinición de las bases". Si la valoración de los técnicos y de la tasación independiente difiere en un 20%, solicitan a Rehabilitación que lo revise. Así, proponen las contraofertas. Por la calle Barrera pedían 95.200 y ofrecen 60.000. El piso de la calle Fe se quería vender por 55.000 euros y se contraofertaron 51.480. Por Joaquín Martín Martínez se pedían 73.000 euros y ofreció 54.575. Por un piso de la calle Santander, contraofertaron 91.290 euros y pedía 118.000. Las trece contraofertas se remiten a los solicitantes y solo aceptan seis, las cuatro mencionadas además de una en Almirante Mourelle (51.680 euros) y otra Agra da Bragua (64.672 euros). En total, 382.928 euros de los 1,26 millones reservados.

EDiciembre de 2017: compra. Con las resoluciones del edil de Empleo, con competencias en Contratación, firmadas el 19 y 26 de diciembre, el Concello adquiere los seis inmuebles. El 28 se elevan a escritura pública. Se solicita al catastro el cambio de la titularidad y se liquida el impuesto de transmisiones, del cual el Concello está exento. La Asociación de Promotores acusa al Concello de competencia desleal.

EEnero de 2018: polémica. El 23 de enero se publica en el BOP el listado de pisos finalmente adquiridos. Solo unos días después, el PP critica la resolución del concurso, al contrastar que dos de los pisos comprados pertenecen al mismo propietario (calle Joaquín Martín Martínez y Santander), que es firmante fundacional de Marea. También porque el primero de los inmuebles está inscrito como oficina y no piso.

EFebrero de 2018: irregularidades. La polémica llega al pleno ordinario del 5 de febrero como moción: "Instar a Xulio Ferreiro a dar explicaciones públicas y urgentes sobre la compra a un firmante de Marea de un inmueble que figura inscrito en el Registro como local comercial". Los tres grupos de la oposición a favor y Marea en contra. Xiao Varela defiende el acuerdo de la comisión para admitir la oficina por ser legalizable. El PP solicita el acceso al expediente completo ante la sospecha de irregularidades. El concejal las niega y recuerda que el PP permitió la legalización de oficina a vivienda de un piso colindante en 2011. Una semana después, el expediente llega a manos de la oposición, citada para el día siguiente. Falta al encuentro el PP, que dice estar estudiando los documentos. Populares y socialistas dudan de que sea factible el cambio de uso. El PSOE pide que se reúna la Comisión de Urbanismo. Se fija el día 21, al igual que la de Transparencia, presidida por la popular Rosa Gallego y que tiene potestad para convocarla. Tras estudiar el expediente, el BNG se suma a la petición de explicaciones y reclama la revisión de todo el concurso. Advierte de que el Concello "no aplicó las bases que había diseñado" y admitió dos viviendas que incumplían las medidas mínimas exigidas.

Según los documentos registrales, la de la calle Santander tenía 49,55 metros cuadrados y la de la Joaquín Martín Martínez, 47,2, por debajo de los 50 exigidos. Su propietario no había informado de ello en la solicitud pero, tras ser requerido por el Concello, señaló que 50 como declaración responsable, un documento que podría ser clave en el caso de que se anulase la compra y acabase en el juzgado. El Ejecutivo aseguró a priori que sí se ajustaban. Pero tras las comisiones, decidió someter a medición los pisos para comprobar que así era (la oficina al añadir la terraza). La oposición replicó que, aunque los metros mínimos se comprobasen a posteriori, nunca se debían haber admitido las ofertas, ya que otros propietarios podrían no haber presentado sus inmuebles por estar fuera de los parámetros fijados por las bases o ser oficinas legalizables a vivienda.

EFebrero de 2018: investigación. Ante las anomalías detectadas, el edil de Urbanismo encarga a la asesoría jurídica de Concello revisar la compra, para comprobar si existieron irregularidades. El mismo día, los funcionarios que propusieron las compras firmaron un comunicado. Los funcionarios afirman que su trabajo se desarrolló "sin ninguna injerencia política ni de otro tipo". Varela defiende la "transparencia" del proceso y el PP señala que queda demostrado que los dos pisos del firmante de Marea incumplían las bases y "se vulneró el principio de libre concurrencia". El PSOE calificaba el concurso de "fracaso absoluto" y el BNG consideraba "precisa" la revisión por el "incumplimiento" de las bases al no haber sido aplicadas de forma adecuada.

EMarzo de 2018: alegaciones. Al tiempo que la asesoría jurídica desarrolla su investigación, el PP fuerza un pleno extraordinario para aprobar la revisión de oficio de la compra de los dos pisos del militante de la Marea. Pone el foco en otra parte del proceso, la exposición pública e indica que, aunque el trámite no es obligatorio, tendrían que, "por prudencia", haber abierto un periodo de alegaciones antes de firmar la compraventa para "evitar la situación actual".

EAbril de 2018: asesoría jurídica. La asesoría jurídica concluye el informe encargado el mes anterior. La directora de la asesoría jurídica, un cargo nombrado por el Gobierno, que dirige el equipo de letrados municipales, repasa los 2.000 folios del expediente. Detecta varios incumplimientos de las bases en 4 de las 6 viviendas que fueron compradas. Solo dos de las aceptaron la contraoferta (las de Agra de Bragua y Almirante Mourelle) se ajustarían a rajatabla al pliego. Tras repasar las actas del tribunal de funcionarios, avala la actuación de la comisión. Achaca las irregularidades detectadas, a la "indefinición" de las bases, que causó que no se comprobasen físicamente si las declaraciones responsables de los propietarios y los documentos aportados se ajustaban a la realidad. Señala que los técnicos se centraron en ver el estado de los pisos y las obras necesarias.

Tras encargar informes a los técnicos, ve nula la compra de un inmueble, el de la calle Joaquín Martín Martínez, al incumplir la altura mínima para pasar de oficina a vivienda (con obras alcanzaría un máximo de 2,48 y tendría que ser 2,5). Por otro lado, la Inspección Técnica de un edificio de la Barrera era desfavorable, por lo que ve posible enviarla con la primera al Consultivo para que determine su ilegalidad. El resto de incumplimientos señalados (huecos de luz, tamaño de los dormitorios) no los considera, según la jurisprudencia del Consultivo y el Supremo, con "entidad suficiente" para ser anulada la compra que los sustenta. El Concello anuncia que se revisarán las bases para la próxima convocatoria, prevista para este año.

EAbril de 2018: pleno extraordinario. El día del pleno, este miércoles, justo antes de la hora de inicio, se reúne el Gobierno local para aprobar la revisión de oficio de los dos inmuebles señalados por la asesoría jurídica. Lo que aprobó la Corporación, sin embargo, fue enviar el expediente íntegro pero sometiendo al dictamen del Consultivo los dos pisos del firmante fundacional de Marea, uno también el de la calle Joaquín Martín Martínez y el de la calle Santander. La propuesta del PP fue secundada por BNG y PSOE. Marea se abstuvo. El concejal de Rexeneración Urbana proclamó la "independencia" de los funcionarios, defendió el concurso como parte de su política de vivienda y reconoció los incumplimientos, matizando que la mayoría son "menores y subsanables".

El PP pidió su dimisión y la del concejal responsable de Contratación, Alberto Lema, y afeó la compra de los dos inmuebles a un "militante y amigo". El PSOE criticó la "opacidad" y preguntó por qué no se había sometido la compraventa a un periodo de exposición pública. El BNG cree que el problema no fue comprar la vivienda alguien de Marea, ya que todo el mundo se podía presentar, sino la interpretación "laxa" de las bases, que obliga a que se envíe el expediente completo al Consultivo por "higiene" y dada la "pésima" imagen ofrecida con la tramitación. ¿Sobre qué dictaminará este órgano fiscalizador? Según comentó el alcalde esta semana, sí enviarán el expediente íntegro pero se pedirá la resolución sobre las adquisición de dos viviendas señalada como nula por la asesoría jurídica y no sobre las dos indicadas por el PP y apoyadas por la mayoría del Pleno.