Las empresas Tauro Siglo XXI y Tomás Entero tendrán que justificar de forma adecuada la indemnización que soliciten al Concello de A Coruña por la cancelación de la feria taurina coruñesa de 2015, por la que exigían inicialmente 368.000 euros. Esa cantidad procede de 306.632 euros entendidos como daño emergente -los gastos ya realizados para la organización de los festejos- y los 61.326 euros que corresponderían al lucro cesante -la cifra que dejó de ingresar por la cancelación de las corridas.

Pero la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 solo reconoce un lucro cesante del 10% de la recaudación obtenida en la feria taurina de 2014. Según el expediente municipal, la venta de billetes para las corridas generó unos ingresos de 144.757 euros, por lo que la cifra que debe recibir la promotora por este concepto es de 14.457 euros. El fallo judicial rechazó la posibilidad de compensar a las empresas por los derechos de una retransmisión televisiva que no se había concretado o por un aumento de la recaudación que dijo que esperaba conseguir gracias a su gestión. En cuanto al daño emergente, las dos promotoras tendrán que aportar los recibos que demuestren los gastos que ya se habían efectuado en el momento en que se les comunicó la rescisión del contrato.

Las empresas negaban con su recurso la potestad del Ayuntamiento de A Coruña para suspender la feria bajo el argumento de favorecer el interés general al considerar que esa decisión contraviene la ley de 2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural y los artículos 44 y 46 de la Constitución, que obligan a a promover y tutelar el acceso a la cultura y el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico. El fallo judicial desestima esta tesis pero admite que deben ser compensadas, aunque mediante criterios diferentes a los expuestos en su recurso.

"Hasta ahora nadie había reconocido nada a nuestro favor", señaló ayer Tomás Entero, aunque el Gobierno local acordó inicialmente indemnizar a la promotora taurina con 10.000 euros y posteriormente amplió esa cifra a 30.000 euros cuando cerró el expediente, por lo que esa será la indemnización mínima que perciba. "El Ayuntamiento va a tener que pagarnos una parte y el resto tenemos quince días para decir si estamos de acuerdo o no", explicó Entero, para quien el Ejecutivo municipal "miente desde el minuto uno".

El promotor entiende que el Concello "incumple la Ley porque rescinde un contrato", aunque la sentencia reconoce la potestad municipal para tomar esa decisión porque forma parte de su "ejercicio legítimo". Según Entero, hasta ahora ni el Ayuntamiento de A Coruña ni el juez habían "ofrecido nada que mereciera la pena", a lo que añadió que todavía no ha cuantificado el perjuicio económico sufrido por la cancelación de la feria taurina de 2015.

El empresario advirtió además que los tribunales aún deben pronunciarse sobre la compensación que reclamaron los promotores por la negativa municipal a prorrogar dos años más la feria. Pero la sentencia conocida ahora destaca que para que se produzca una prórroga del contrato debe haber un acuerdo entre las dos partes que en este caso no existió por el rechazo del Gobierno local.

"Vamos a intentar defender nuestro puesto de trabajo, del que fuimos desalojados", proclamó el empresario, quien desconoce si recurrirá en caso de que esté disconforme con la cantidad que se establezca en la ejecución de la sentencia.

Para la plataforma Galicia, mellor sen Touradas, la sentencia sobre la feria taurina coruñesa "rompe la estratagema del lobby taurino", al que acusa de pretender obtener una "indemnización millonaria" por la suspensión de las corridas. El colectivo recuerda que estos espectáculos se financiaban mediante subvenciones del Concello debido a que eran deficitarios, ya que considera que "apenas despertaba interés social".