Despojemos por un minuto a los políticos de sus siglas de partido, que tanto les cuesta sacudirse. Incluso también de sus nombres. Quedémonos con su cargo institucional, por el que están obligados a deberse a los ciudadanos. El ministro de Fomento y el presidente de la Xunta acuden a la ciudad a firmar un protocolo, anunciado seis meses antes, para avanzar en una de las mayores intervenciones urbanísticas en A Coruña. A su lado, los presidentes de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado, pero no el alcalde de la ciudad, excluido por primera vez de los acuerdos, protocolos o convenios urbanísticos vinculados a la construcción del puerto exterior desde la firma del primero, en 2004. Una deslealtad máxima no con el alcalde, sino con la ciudad a la que representa, y solo debida a que los cuatro comparten siglas -volvamos a ellas- diferentes a las del regidor. Anteponen el partidismo político al servicio público y reducen las instituciones de todos a instrumentos particulares.
Semejante deslealtad con la ciudad, sin embargo, era previsible. Así se han movido la Xunta y Fomento ante el empeño del Ayuntamiento, avalado por el acuerdo unánime de la Corporación local, de que los muelles permanezcan en manos públicas. Cada paso del Gobierno local con este objetivo ha venido seguido de la contraprogramación de Xunta y Ministerio. Sucedió en octubre. Quince días antes de que el alcalde recibiera al presidente de Puertos del Estado en el Ayuntamiento para presentarle su propuesta para los muelles, Alberto Núñez Feijóo acudió a la ciudad para anunciar junto a José Llorca que, en cuestión de "días", firmarían un acuerdo para blindar la titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo. Los días han derivado en meses, hasta hacer coincidir la firma del protocolo con la víspera del foro ciudadano organizado por el Concello sobre el futuro de los muelles, que se celebrará dentro de diez días y al que el Ayuntamiento ha invitado a los presidentes de la Xunta, la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado.
De todos los implicados, quien mejor debería saber de qué hablamos es Alberto Núñez Feijóo. En 2004, como conselleiro de Política Territorial, sufrió la marginación que ahora aplica al Ayuntamiento. El Gobierno central, con la ministra socialista Magdalena Álvarez, y el Ayuntamiento, con el alcalde socialista Francisco Vázquez, modificaron el convenio urbanístico para la financiación del puerto exterior que el propio Vázquez había firmado meses antes con Feijóo, entonces conselleiro de Política Territorial; otro ministro, el popular Francisco Álvarez Cascos; y otro alcalde, el de Arteixo, el popular Manuel Pose. Aquella deslealtad institucional socialista suponía, en palabras de Feijóo, la firma de un convenio "clandestino" y "unilateral". Hace catorce años, Feijóo reclamaba "colaboración institucional"; hoy, se la niega a la ciudad.
Más allá del protocolo firmado ayer, del que falta por conocer la letra pequeña porque sus firmantes se han negado a hacerlo público y que queda pendiente de desarrollo en un convenio posterior, Fomento y Xunta han marginado a A Coruña en una decisión que le compete: definir qué quiere para un espacio central de la ciudad, el único al borde del mar en el que todavía nos queda margen de maniobra. El Plan General de Ordenación Municipal fija las directrices generales para ese suelo, pero su desarrollo posterior debe sustanciarse en un plan de transformación que concrete alturas, diseño, ocupación del suelo y usos. Los coruñeses, a través de su Ayuntamiento, no pueden quedar excluidos de este decisión por simple interés y estrategia política.
