El protocolo rubricado ayer, cuya redacción no se hizo pública, y la comparecencia posterior de los máximos responsables de Fomento y la Xunta, dejan en el aire varias cuestiones sobre el porvenir de la fachada marítima de A Coruña. La primera, a qué han pensado dedicar los muelles de Batería y Calvo Sotelo, donde el plan general aún prevé centros comerciales, hoteles y oficinas de hasta nueve alturas. El planeamiento también permite más de 4.000 pisos en San Diego, una operación inmobiliaria cuya puerta sigue abierta tras la firma del acuerdo sin el Concello.
¿Cuál es el contenido del protocolo y del convenio? No han hecho público un papel. El presidente autonómico aseguró que enviará el protocolo al Concello y la Diputación para que se incorporen al convenio que hay que desarrollar para hacer efectivo lo suscrito ayer. Un convenio que ya está pactado, según admitió Ñúñez Feijóo.
¿El protocolo garantiza por si solo la titularidad pública de los terrenos? No. El futuro de los muelles está asentado en dos documentos, que habría que modificar. Primero, los convenios que firmaron el Concello y Fomento sin la Xunta en 2004 para construir el puerto exterior, recalificar los muelles y después venderlos para hacer caja y pagar Langosteira. El convenio que se firmase tendría que sustituir a este. El segundo de los documentos es el plan general de 2013, que incorporó los convenios de 2004 y fijó los criterios para construir en la zona. En términos generales, en Batería y Calvo Sotelo permite oficinas y hoteles de bloques de hasta nueve alturas rodeados de zonas verdes; y en San Diego, más de 4.000 viviendas. Según el plan general, para concretar lo que se puede hacer en ese litoral, hay que elaborar un Plan Especial de Transformación (PET), para el que ya existe una propuesta marco encargada al urbanista Joan Busquets redactada en 2006, con el alcalde Javier Losada.
¿Qué se va a hacer con Batería y Calvo Sotelo? Ninguno de los firmantes del protocolo ha clarificado cuáles son sus intenciones para los muelles que extenderán hacia el mar el centro de la ciudad. La Xunta se queda con el 51% de su propiedad, por lo que tendría el control de lo que se allí se hiciese, pero no concretó sus planes para la zona.
¿Que se garantice la titularidad pública significa que no se va a construir? No. Como los firmantes no aclararon qué hacer en la zona, lo único que sigue vigente en este momento es el plan general. El planeamiento reserva un 88% de la superficie edificable para usos terciarios y un 12% para terciarios-hoteleros. ¿Qué significan usos terciarios? Según recoge el mismo PGOM, pueden ser inmuebles comerciales, oficinas públicas o privadas, establecimientos hosteleros y para espectáculos. Que no se privaticen los terrenos no quiere decir que no se vaya a construir algo así en ellos, sino que los edificios que allí se levanten pueden ser públicos o estar cedidos a empresas en concesión. Es el caso de Palexco y Los Cantones Village, convertido en un complejo de ocio nocturno tras un proyecto comercial fracasado.
¿Se van a construir viviendas en San Diego? Tampoco han respondido qué va a pasar con estos 377.057 metros cuadrados, el 80% de todo el espacio litoral de titularidad portuaria. Núñez Feijóo solo informó de que una parte de los 20 millones que consignará la Xunta a los muelles servirán para adquirir parte de sus derechos sin más detalle. Al dejarlos fuera del acuerdo para blindar la titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo, abre la puerta a la privatización de esta franja de la fachada que discurre paralela a los barrios de A Gaiteira y Os Castros, los más afectados por la actividad portuaria. En su comparecencia de octubre para anunciar la firma del protocolo, que se consumó ayer tras seis meses de espera, el presidente autonómico había comentado que la decisión sobre estos muelles se aplazaría al fin de las concesiones, que situó en 2021. Aseguró que, entretanto, se procedería a "monitorizar" los posibles usos de San Diego, que tendrían que ser compatibles con la "viabilidad" del puerto, abriendo la puerta a resucitar la operación inmobiliaria planificada en 2004. La cuestión tampoco fue disipada ayer. El presidente gallego enmendó sus palabras y alargó hasta 2027 la toma de decisiones, tras la marcha de Repsol. A la pregunta de si habrá viviendas en San Diego, se limitó a responder que "habrá que preguntárselo a las autoridades de la fecha".
¿Queda garantizado que la Solana será público? No esclarecieron si el compromiso para las instalaciones deportivas es sine die, solo que se quedarán en manos de la Autoridad Portuaria, cancelando la puja que abrió el puerto hasta en dos ocasiones. La concesión de la Solana finaliza en 2027. Si no queda garantizado en el convenio, o se evita a través del cambio en el plan general que tramita el Concello, el Puerto podría volver a licitar la concesión pero también reactivar la subasta.
¿Qué participación tendrá el Concello? Núñez Feijóo ofrece que se sumen económicamente a un pacto ya cerrado y en el que se asegura el control de lo que pase en Batería y Calvo Sotelo. Las competencias urbanísticas para aprobar su transformación son municipales. El presidente autonómico evita la fórmula de la sociedad consorcial o entidad interadministrativa puesta encima de la mesa por el alcalde, Xulio Ferreiro, y señala que se regirá como "un condominio" o comunidad de propietarios.
