Los muelles de Calvo Sotelo y Batería seguirán siendo de propiedad pública, aunque será la Xunta de Galicia la que asuma el control sobre su futuro urbanístico, para lo que destinará 20 millones de euros a la adquisición del 51% de la sociedad que gestione esos terrenos. El resto quedará, por el momento, en manos de la Autoridad Portuaria, que pretendía obtener 23,1 millones por esos muelles y La Solanamuelles La Solana. La cantidad permitirá además a la administración autonómica hacerse en 2027 con una parte del muelle de San Diego, cuya venta reportaría al Puerto de A Coruña 176,5 millones, una vez que terminen las concesiones existentes.
Ese es el contenido del protocolo firmado ayer por Xunta, Autoridad Portuaria, Ministerio de Fomento y Puertos del Estado, cuyo texto no fue facilitado bajo el argumento de que será enviado previamente al Concello y la Diputación. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, excluyeron ayer a estas administraciones en el acto de la firma de ayer, pero las invitaron a participar en esta iniciativa adquiriendo participaciones del 49% del Puerto. La Xunta, así, mantendría la mayoría para decidir sobre el destino de los muelles.
La operación, de la que fue excluido inicialmente al Ayuntamiento pese a tener las competencias urbanísticas sobre los terrenos portuarios, fue interpretada por el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, como que se "ningunea a una Corporación y a una ciudad entera", así como que ni siquiera se da opción a decidir qué participación puede tener cada administración al controlar la Xunta el 51%. La Diputación aseguró que no se pronunciará hasta recibir y analizar el protocolo.
El propio ministro de Fomento reconoció ayer que se trata de la primera ocasión en que una comunidad autónoma aporta fondos para permitir que unos terrenos portuarios mantengan su condición de públicos. Al adquirir la mayoría de la propiedad de los dos muelles, el Gobierno gallego se garantiza el poder de decisión sobre su futuro, del que Feijóo no despejó ayer ninguna duda, ya que no proporcionó ningún dato sobre las intenciones que la Xunta tiene para ellos. Tan solo dejó entrever que no renuncia a que haya viviendas en el muelle de San Diego a partir de 2027 cuando al ser preguntado sobre esta cuestión respondió: "Habrá que preguntarle a las autoridades que estén en la fecha".
El documento firmado ayer no es aún un convenio, sino tan solo un protocolo, una declaración de intenciones de las partes, aunque Feijóo aseguró que el posterior acuerdo ya está "pactado" con Fomento. El presidente admitió que la administración gallega no es responsable de hacer frente a la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción de la dársena exterior y justificó su intervención por la "enorme trascendencia" que tiene ese problema para el puerto y la ciudad, así como por el compromiso adquirido el pasado octubre de evitar la venta de Batería, Calvo Sotelo y La Solana.
A pesar de reconocer que la Xunta no tiene competencias sobre la deuda portuaria, Feijóo justificó la exclusión del Concello en el protocolo por su deseo de "no trasladarle los problemas a administraciones que no son responsables de la gestión del puerto". También manifestó su esperanza de que las administraciones local y provincial adquieran parte de la propiedad de Calvo Sotelo y Batería porque "han dicho que tenían interés en suscribir una parte de la propiedad de esos muelles". Sin embargo, el Concello solo planteó comprar La Solana cuando el Puerto abrió la subasta por este complejo y el hotel Finisterre, mientras que la Diputación simplemente se ofreció a contribuir a resolver el problema del futuro de los muelles.
La firma del protocolo llega seis meses después de que Xunta y Puertos del Estado anunciaran su acuerdo para impedir la venta de los muelles y el recinto deportivo, y solo una semana antes de la celebración de un foro organizado por el Concello para debatir sobre el destino de los terrenos portuarios. Al ser preguntado por la proximidad del acto realizado ayer con el promovido por el Gobierno local, Feijóo aludió a que en los últimos meses se le exigía que se materializara el acuerdo. "Ahora que lo hemos buscado, no creo que también seamos culpables de acordar", alegó.
Destacó además que tras la firma por la Xunta de los convenios de 2004 en los que se pactó la venta de los muelles urbanos para financiar el puerto exterior, "el que ha cambiado de opinión es el Gobierno de esta ciudad, no el de Galicia", en referencia a que Marea Atlántica rechaza esta operación. Feijóo atribuyó a su deseo de "buscar un acuerdo de todas las administraciones" sobre los muelles el que ahora la Xunta adquiera participación en su propiedad y sentenció: "Si somos culpables de llegar a un acuerdo, asumo esa culpabilidad".
Para el alcalde, la firma del protocolo con la ausencia del Concello no es "de muy buen gusto", ya que además tuvo noticia del acto a través de la prensa. Xulio Ferreiro puso de relieve que no se hizo público ningún documento, al igual que en octubre, por lo que ambos anuncios de Puertos del Estado y Xunta son "dos fotos sin proyecto ni propuesta concreta sobre qué se va a hacer con esos terrenos".
Acerca de la participación en la compra de los muelles, consideró que se invita al Concello "a subir a un carro ya diseñado", por lo que entendió que "políticamente no es la forma de hacer las cosas". El regidor estimó "difícil" analizar si apoya la adquisición de terrenos portuarios al desconocer en qué consiste la oferta lanzada ayer, de la que dijo que se entrega al Concello ya "cocinada" y sin posibilidad de decidir el porcentaje de participación que puede aspirar a tener.
Ferreiro destacó que el pleno municipal "se pronunció claramente sobre que A Coruña tiene que ser protagonista y no quedar excluida del diseño ni de cuestiones importantes", por lo que defendió que el futuro de la ciudad "hay que definirlo en A Coruña, no en Santiago ni Madrid". Aunque Feijóo y De la Serna anunciaron que le enviarán el protocolo suscrito ayer, le replicó que "hubiera sido bueno" que respondieran a la propuesta municipal de creación de un consorcio para decidir el futuro de los muelles, formulada hace seis meses y que hasta hoy sigue sin contestación.
