La verja de Núñez Feijóo

Con esta trascendencia se debe tratar, al margen de quién tenga competencias administrativas o no las tenga, de quién gobierne en uno y otro despacho, de cuán cerca queden unas elecciones. Ni golpes de efectos ni patrimonializaciones políticas, que encenaguen esta decisión capital para el futuro de la ciudad. Excluir de un proyecto tal al Ayuntamiento de A Coruña -no al Gobierno municipal ni a Marea ni al alcalde, al Ayuntamiento- es un primer paso en falso. Ponerle encima de la mesa un paquete con el lazo puesto, creyendo además que no hay que dar explicaciones por ello, tizna de negligencia institucional el anuncio de una cuantiosa inversión.

Ni siquiera se molestó el presidente autonómico en guardar las formas e invitar al alcalde, tampoco al presidente de la Diputación, aunque fuese como convidados de piedra, a un acto en el que los intervinientes, incluido un ministro que fue regidor, dedicaron tantas palabras del discurso a lanzar dardos al Ejecutivo municipal, como en dar detalles de lo convenido. Dejaron in situ un buen número de incógnitas, salvo su punto de partida: que la Xunta toma el control del 51% de los terrenos de Batería y Calvo Sotelo, es decir, el control sobre el futuro de un espacio que va a pasar a ser centro de la ciudad.

Es A Coruña una urbe que, históricamente, ha llevado francamente mal que la gobiernen desde un despacho de San Caetano o Madrid, que ha presumido siempre de su singularidad y de su autonomía y que ha demostrado que es capaz de movilizarse si no la respetan. Debe entender Alberto Núñez Feijóo, también para las decisiones futuras que tomen sobre el Puerto, que la manera de relacionarse administrativa y políticamente con A Coruña y su entorno debe diseñarla de manera diferenciada, a partir de su condición de motor socioeconómico de Galicia. Igual con Vigo y su entorno. No acaba el presidente de la Xunta de dominar ni el escenario metropolitano del sur ni el escenario metropolitano del norte. En uno parece que el relato lo tiene perdido y en el otro, a la vista de la reciente exclusión del Concello, ni siquiera considera legítimo a su interlocutor a pesar de que casi han pasado ya tres años desde que los vecinos decidieron en las urnas.

Y sí, aunque es cierta la afirmación del PP de que el Pleno le pidió en una moción que interviniese para desbloquear la situación con Fomento y que el alcalde le solicitó que participase en la redefinición del desarrollo, el máximo responsable del Gobierno autonómico no puede abonarse a la posverdad e ignorar el resto del contenido de las mociones secundadas al mismo tiempo. En ellas, no se aprobó exclusivamente que se garantizase la titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo, sino que la mayoría de la Corporación apostó por un proyecto integral de futuro con participación de todas las administraciones, por revisar y dar un volantazo a la macrooperación inmobiliaria planificada hace quince años, en la era dorada del ladrillo, promovida por el PSOE de Vázquez.

Feijóo ha elegido ser la cabeza visible de un acuerdo que en un primer momento parecía solo una solución parcial para los muelles del centro pero cuyo contenido revela que tiene una continuista implicación global. Y es que el convenio que seguirá al protocolo rubricado la pasada semana asume los aprovechamientos urbanísticos reconocidos en los pactos de 2004 y en el PGOM de 2013, con una previsión de 4.000 pisos en San Diego. También la indemnización que tendría que pagar el Concello al Puerto si no le dejan materializar dicha venta para autofinanciarse por la deuda contraída por el puerto exterior. Y no se trata de que no se construya ni una sola vivienda en el lugar, sino de repensar sobre datos el urbanismo previsto en la zona, si esa alta edificabilidad es verdaderamente necesaria, y qué futura demanda tendrá cuando hay polígonos residenciales previstos en el plan general como Visma y O Portiño que aún están en pañales.

En resumen y en primer lugar, la Xunta deja el 49% de Batería y Calvo Sotelo al Concello y la Diputación si se quieren incorporar a este pacto ya sellado y redactado, apropiándose del control sobre lo que allí suceda. Sin clarificar qué quiere hacer con los terrenos o si albergarán concesiones hoteleras o comerciales. Sin definir quién, después de una aportación de veinte millones para aliviar las obligaciones inmediatas el Puerto, se va a encargar de urbanizar ese gran espacio y ponerlo a disposición del ciudadano.

Y en segundo lugar, mantiene los planes de venta para San Diego, un 80% de la fachada litoral, para que el Puerto coruñés asuma la deuda millonaria alimentada por el sobrecoste de la infraestructura. Con esta propuesta "realista", los barrios de A Gaiteira, Os Castros y O Castrillón se quedarían fuera del blindaje de las "zonas estratégicas" del centro, tal y como fueron bautizadas por el propio titular de la Xunta. Eso, a pesar de que han sido los ámbitos más afectados por la actividad portuaria durante décadas.

La primera en descolgarse, reprochando haberse enterado del pacto con Fomento a través de la prensa, fue la Diputación coruñesa. Y difícil era que el Concello aceptase un convenio cocinado con el que tragaría, sin mover ni una coma, con el proyecto de 2004, en contra de lo aprobado por la mayoría del Pleno.

Habiendo podido erigirse en catalizador de un viraje histórico largamente demandado, Núñez Feijóo ha optado por aterrizar en el centro de la escena de un problema sobre el que se lleva pensando más de quince años, por reservarse el poder de levantar o bajar la verja física, social, política y emocional que ha perpetuado la dicotomía puerto-ciudad y que deja la duda de si A Coruña podrá sentirse identificada con cómo planean abrirla al mar y cómo afrontará una de las mayores transformaciones de su historia.