El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, circunscribe la solución para la fachada marítima al borrador de convenio pactado con el Ministerio de Fomento sin el Concello y que envió ya redactado a María Pita y la Diputación para que ambas administraciones se incorporasen. Esta propuesta confirma la vigencia de los convenios de 2004 y mantiene, por tanto, los aprovechamientos urbanísticos planificados para San Diego, donde se consideran edificable un 87% de sus 377.057 metros cuadrados. "Al alcalde de A Coruña le trasladé el interés por que mire ese convenio y lo estudie y nos pongamos a trabajar", respondió ayer el máximo responsable autonómico, que "está cumpliendo" su compromiso "con los ciudadanos coruñeses" con el blindaje de la titularidad pública para Batería y Calvo Sotelo, donde se reservó un 51% de los terrenos antes de ofrecerle la posibilidad de adquisición a otras administraciones.

El alcalde, Xulio Ferreiro, defendió el miércoles que el Ayuntamiento solo concibe la protección del borde litoral mediante la revisión de los acuerdos firmados hace 14 años, por lo que se manifestó contrario a la oferta que presentó la Xunta la semana pasada después de anunciar, entre críticas al Ayuntamiento, el acuerdo al que había llegado con Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, sin hacer partícipe de las negociaciones al Concello y sin tener en cuenta la propuesta para formar un consorcio entre todas las administraciones que se le envió desde la ciudad.

A esta oferta anterior recibida aludió ayer Alberto Núñez Feijóo para defender su papel, recordando que el convenio enviado al Concello y a la Diputación "no está firmado". "Cumplí lo que se me propuso, parar la subasta, para parar la subasta hay que hacer que ese suelo sea público y el 51% de ese suelo ya es público porque va a ser propiedad de la Xunta", replicó el titular autonómico sobre el terreno que pagará al Puerto en Batería y Calvo Sotelo y que supone realmente el 51% de la quinta parte de todo el frente litoral. Ni una palabra dedicó ayer Núñez Feijóo a San Diego. En su primera comparecencia sobre la fachada litoral en octubre señaló que se "monitorizarían" sus posibles usos y que se dejarían para el fin de las concesiones en 2021. La pasada semana, alargó este plazo a 2027 y sentenció que lo que haga en San Diego "habrá que preguntárselo a las autoridades que estén en la fecha".

El borrador de convenio enviado a María Pita desarrolla el protocolo firmado la pasada semana. En relación con el cumplimiento de sus términos, una de las disposiciones advierte de que los firmantes reconocen "la vigencia y aplicabilidad" de los acuerdos de 2004, en especial en lo que se refiere a que en los terrenos que entonces se decidió vender no se autorice la "ordenación urbanística acordada". Para el muelle de San Diego se estableció en aquellos textos, que a su vez se trasladaron al plan general de 2013, que estos terrenos tendrían uso residencial (unos 4.000 pisos), comercial y de servicios. La cláusula sexta de los convenios de 2004 señala que en caso de que Xunta o Concello no aprueben esas condiciones urbanísticas, deberán indemnizar al Puerto por la imposibilidad de obtener recursos necesarios para el puerto exterior.

Ante el rechazo del Ejecutivo local a su planteamiento, Feijóo interpreta que "los que proponían cofinanciar la propiedad pública están en contra de que sea propiedad pública y en contra de cofinanciar esa propiedad pública". "Creo que la Xunta está cumpliendo con los ciudadanos de A Coruña", comentó en San Caetano, en la que celebró haber conseguido que Fomento asumiese la financiación del tren a Langosteira, una infraestructura de 140 millones imprescindible para el traslado de los tráficos, que el Ministerio no planificó para que estuviese lista para su apertura y para la que ni había comprometida financiación.