Fue en febrero y octubre de 2004 cuando se firmaron los convenios para la financiación del puerto exterior, que planteaban la venta de muelles interiores. Catorce años después, esos acuerdos se complementan con un protocolo con distintos firmantes que modifica aspectos sustanciales de la operación urbanística, como la adquisición por la Xunta de parte de los terrenos.

EFirmantes. El convenio de febrero de 2004 fue suscrito por los alcaldes de A Coruña y Arteixo; el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos; y el entonces conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo. Cuando en octubre de ese mismo año se firma un nuevo acuerdo, tan solo lo hacen la nueva ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el alcalde Francisco Vázquez, lo que suscitó duras críticas de Feijóo por la exclusión de la Xunta. En cuanto al protocolo del pasado 18 de abril, los firmantes fueron el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el presidente de Puertos del Estado, José Llorca; el de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada; y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien pese a sus quejas de catorce años antes, no tuvo reparo en dejar fuera del pacto al Concello coruñés.

EEl título. Los dos convenios de 2004 mencionan que su objetivo es la "reordenación urbanística" de terrenos del puerto y la estación de San Diego, que justifican por la "mejora de la estructura urbanística de la ciudad", así como por la construcción del puerto exterior. El protocolo de 2018 hace referencia a la "compatibilización del mantenimiento de la titularidad pública" de los muelles de Calvo Sotelo y la Batería, además de La Solana, con la financiación de las obras de punta Langosteira que había sido acordada en los convenios de 2004.

ECompetencias. Al mencionar las áreas en las que intervendrá cada una de las administraciones firmantes, los convenios de 2004 señalan que el Ayuntamiento es competente en materia de " ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística", ya que estaba prevista una amplia operación de este tipo en los terrenos portuarios y ferroviarios. Ni en el protocolo de este año ni en el borrador de convenio que figura como anexo se hace mención de estas competencias municipales, a pesar de que se admite la posibilidad de que el Concello participe en la operación de compra de terrenos y de que los proyectos que se desarrollen en ellos precisarán de su aprobación. Cuando en 2004 la Xunta fue apartada del segundo convenio, puso de relieve que también tiene competencias en política urbanística en la comunidad autónoma.

ELa estación de San Diego. Los dos acuerdos de 2004 incluyen la terminal ferroviaria de mercancías entre los terrenos que serán vendidos para costear las obras de Langosteira, lo que justifican porque la instalación "ha perdido gran parte de su funcionalidad". A pesar de que la estación ocupa 120.000 metros cuadrados y es vital para el desarrollo de la operación urbanística, el protocolo de 2018 no la menciona en ningún momento.

ELas viviendas. El acuerdo de febrero de 2004 destinaba 275.665 metros cuadrados de edificabilidad residencial para vivienda de precio libre y 68.916 para la de protección oficial. La llegada de los socialistas al Gobierno central hizo que en octubre el nuevo convenio reservase para la vivienda protegida la mitad de la edificabilidad prevista en el muelle y la estación de San Diego, aunque esta disposición no se integró en el plan general al considerar que superaba la demanda de este tipo de vivienda existente en A Coruña. El protocolo de 2018 únicamente mantiene la vigencia de los convenios de 2004 sobre la edificabilidad en estos terrenos, en los que se prevé aumentarla hasta el máximo legal si es necesario obtener más fondos para financiar el puerto exterior.

ECalvo Sotelo y la Batería. Los planes para estos muelles eran inicialmente su venta. De los 34.458 metros cuadrados de edificabilidad que se autorizaban, 8.615 serían para un hotel, 7.753 para oficinas y 18.090 para centros comerciales o de ocio. El protocolo de este año cambia las previsiones al plantear la compra del 51% del valor de esta superficie por parte de la Xunta, mientras que el resto quedará en manos del Puerto, que podrá vendérselo al Concello y la Diputación, aunque ambas instituciones lo han descartado por el momento. El suelo seguirá siendo público pero ninguno de los firmantes del pacto ha desvelado cuáles son los planes para estos muelles. La Xunta dispondrá además de edificabilidad en San Diego si tuviera que aportar más dinero, en caso de que la venta Calvo Sotelo, la Batería y el hotel Finisterre no proporcionase los 30 millones que el Puerto necesita disponer antes de 2021.

ELa Solana y el hotel Finisterre. Los convenios de 2004 no mencionan en ningún momento estas propiedades portuarias, pero la presión ciudadana surgida ante la intención de venderlas para costear el puerto exterior y la intención del Concello de adquirir el recinto deportivo llevó al Puerto a variar sus planes. Para ello, en el protocolo se mantiene el carácter público de La Solana pero se autoriza su uso por los clientes del hotel, que saldrá a la venta a pesar de todo y que con este pacto será más atractivo para un posible comprador.

ELa garantía. En 2004 se decidió incluir en los convenios una cláusula por la que la Xunta y el Concello se comprometían a indemnizar al Puerto si sus decisiones impedían urbanizar los terrenos que se venderían. El protocolo de 2018 declara la "vigencia y aplicabilidad" de esa cláusula, que impediría ahora al Gobierno local oponerse a la edificación en los muelles.