04 de mayo de 2018
04.05.2018

El Concello exige una compensación a Doal por "supuesto de fraude" en la gestión de la grúa

Varias sentencias laborales revelan que trabajadores declarados por la exconcesionaria no prestaban el servicio, lo hacían de manera parcial o incluso realizaban labores en otras contratas de Vendex

04.05.2018 | 23:29
Grúa del grupo Vendex, en Riazor, en 2011.

El Concello de A Coruña reclamará compensaciones a la antigua concesionaria de la grúa por haber imputado "indebidamente" gastos de personal y por no ejecutar las mejoras e inversiones prometidas al conseguir el contrato en 2005. Rechaza que se deba devolver la garantía que depositó por "incumplimiento grave" y un "supuesto de fraude" en la gestión del servicio, que prestó durante diez años. Entre otras cuestiones, la Asesoría jurídica argumenta en su informe que hay sentencias judiciales firmes, tras varias denuncias de la plantilla, que desvelan que hay un "número significativo" de trabajadores que la empresa imputaba como gastos que "no prestaban servicios o solo los prestaban de manera parcial". El Concello cuestiona también el sistema de control de la base de datos de la firma y, como consecuencia, si declaró como ingresos todo lo colectado con los coches llevados al depósito.

Doal, filial del grupo Vendex, epicentro de la investigación judicial de la operación Pokemon, ganó el concurso conjunto para gestionar la grúa y la ORA por importe de 3,37 millones de euros anuales. Según el contrato diseñado por el Gobierno de Francisco Vázquez, la firma tendría que abonar el 95% del excedente obtenido, calculado en función de los ingresos y gastos.

Un informe de la Asesoría jurídica, elaborado para proceder a la liquidación del contrato finalizado en 2015, investigó si tanto la recaudación como los gastos que fueron declarados por la empresa a lo largo de su década de contrato, incluidos los de personal, se correspondían con la realidad. En virtud de dicho informe, la Junta de Gobierno Local acordará hoy, no solo que no se debe devolver la garantía, sino reclamar una serie de cantidades por las irregularidades detectadas.

Tras el análisis del expediente completo, que se inició en 2015 y que amplía un estudio municipal y dos auditorías externas encargadas por el Gobierno anterior, la directora de la Asesoría jurídica emitió, en diciembre de 2017, un informe sobre la liquidación definitiva.

"El concesionario incurrió durante la prestación del servicio en supuesto de fraude en la forma de gestión", comienza la Asesoría jurídica, que afirma que no se pudo detectar durante la vigencia del contrato pero que, de haberse hecho, "supondría cuando menos la comisión de una infracción muy grave". "El fraude está acreditado", prosigue el informe, en lo que se refiere al personal adscrito y en la justificación que la empresa enviaba mensualmente para demostrar sus gastos y, por tanto, calcular el canon que abonar al Concello.

Dicho incumplimiento se descubre durante la celebración de varios juicios por despidos en el servicio. Personal que no fue subrogado cuando la concesión cambió de manos declararon, en el marco de estos procesos, "que varios de los trabajadores que pretendidamente Doal imputaba al servicio no prestaban servicios o solo los prestaban de modo parcial". "Los hechos están probados y se corresponden con un número significativo de trabajadores, pero no se descarta que esta fuese la práctica habitual de la empresa y que pueda haber adquirido otra dimensión en los pagos que la Administración le realizó", indica.

Es por ello que recomienda la incautación de la garantía definitiva por "gestión desleal, fraudulenta y constitutiva de una infracción muy grave sancionable, al menos, por vía administrativa". También sugiere reclamar el reintegro de las cantidades correspondientes al gasto de personal "imputadas indebidamente", además de una indemnización por daños y perjuicios por daños "indeterminables", ya que se presuponía que existía "personal suficiente" para las labores encomendadas y "la realidad puesta de manifiesto en las sentencias, muestra un servicio prestado por personas vinculadas al grupo Vendex que realizaban funciones en otras contratas". La Asesoría deduce que la caída en la recaudación entre 2005 y 2012 pudo deberse a que había personal que no desempeñaba realmente sus tareas. El contrato establece que "un fraude en la forma de gestión" está penado con un 4% del precio anual, según el contrato.

En segundo lugar, el informe constata un "incumplimiento de los procedimientos de registros ofertados por la empresa", que contravino su "obligación de llevar un control exhaustivo de la recaudación de los distintos servicios" cuando había prometido implantar sistemas para la "centralización de la información en tiempo real en bases de datos comunes" que pudiesen ser consultados por la empresa, el Concello, los servicios municipales administrativos y la Policía Local. Nunca funcionó como tal, "como reconoció la propia empresa", que explicó que la pérdida de datos (un 1% no consta como recaudación) eran "irrelevantes" y que el "método manual, más lento y trabajoso", carecía de "posibilidad de error". "El sistema utilizado por la empresa impide comprobar la realidad de la declaración", replica la Asesoría. Así, la junta de gobierno aprobará exigir que Doal le entregue en formato electrónico toda la base de datos para comprobar su veracidad.

Una vez que los servicios de Mobilidade determinen los daños causados por las inversiones no realizadas, los gastos de personal indebidos y las posibles desviaciones en la recaudación, procederá a ejecutarse la garantía para hacer frente a la liquidación del contrato. Solo está calculado por el momento, el importe de las mejoras previstas no ejecutadas, estimadas en una de las auditorías de 2013 en 144.010 euros. Finalmente, también se negará la petición de Doal de actualizar el IPC, ya que entienden que "resulta imposible resolver la revisión de unos precios fraudulentamente alterados por la propia empresa a través de la técnica de imputar costes de personal inexistentes o excesivos".

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