Cada situación de dependencia, de la necesidad de contar con ayuda importante de una o más personas para realizar a diario actividades básicas de la vida, tiene su propia historia. En el área de A Coruña, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), hay 15.466 historias particulares de dependencia; son el 25% de los casos reconocidos en toda la provincia, algo más de 62.000. El número, que corresponde a 2017, supone un incremento de estas situaciones de limitación de la autonomía personal del 42,6% en solo seis años, desde 2011, cuando había registrados 10.840 casos en el área coruñesa. El IGE no publica datos por municipios.

El envejecimiento de la población y la necesidad creciente de solicitar recursos de ayuda en el hogar -apuntan desde la Xunta- explican en general el aumento de los servicios de asistencia para el desarrollo de las tareas más elementales de la persona, como moverse, alimentarse, asearse u orientarse de manera sencilla.

Los distintos grados de dependencia con que se evalúa a los solicitantes en función de su estado de salud y de sus necesidades, la elección de los servicios que las administraciones disponen (prevención de situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial permanente) y las características personales que acompañan a cada familia condicionan cada una de esas historias de dependencia, que en los concellos del área tienen una incidencia sobre el total de sus habitantes del 3,58%.

Las cifras oficiales reflejan los casos de dependencia -no debe confundirse con discapacidad- reconocidos por la Xunta, la administración que tramita las solicitudes y asigna la prestación de servicios conforme a la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de 2006. La particularidad de cada caso determina el tiempo de espera hasta la concesión de la ayuda más conveniente, que en ocasiones suele demorarse más de lo deseado por los peticionarios.

Es habitual, apuntan desde la Jefatura Territorial de Política Social, la denegación de solicitudes que, una vez evaluadas, no presentan situaciones particulares que precisen de asistencia a través de servicios para actividades básicas, y que en algunos casos persiguen beneficios de carácter fiscal.

La ayuda a domicilio y el ingreso continuado en una residencia cuando la permanencia en el hogar se hace insostenible, son los servicios más recurridos por las familias afectadas por una situación de dependencia, que la administración gallega reconoce según criterios como los informes médicos, el entorno en el que vive el individuo o si precisa ayudas técnicas, como prótesis. Esa información, recogida por trabajadores sociales de concellos y de centros de salud, debe acompañar a la solicitud de las prestaciones.

La documentación se completa con una entrevista al solicitante, generalmente en su vivienda, a cargo de terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas, lo que les permite puntuar su grado de dependencia de acuerdo con la capacidad de las personas para llevar a cabo los hábitos básicos de la vida.

El grado 1 se asigna a quien tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El grado 2 corresponde a quienes la asistencia que precisan es más extensa aunque no necesiten el apoyo permanente de un cuidador. Y el grado 3, de gran dependencia, está definido por la pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, que hacen indispensable y continuo el cuidado de otra persona.

Un órgano colegiado compuesto por un médico, un terapeuta, un psicólogo y un trabajador social revisa los informes y dictamina una resolución por la cual la Xunta, según explican en la jefatura territorial, impulsa un programa individual de atención y a continuación un programa de asignación de recursos que sitúa la solicitud en lista de espera. Servicios como la teleasistencia con geolocalizador en la persona dependiente o la ayuda a domicilio se conceden de forma casi inmediata; otros como la atención residencial o en centros de día dependen de la disponibilidad de plazas y tardan más tiempo en administrarse.

Junto a cada dependiente hay un cuidador, que en un porcentaje alto es un miembro no profesional de su propia unidad familiar o que puede ser una persona con mayor preparación que se convierte en asistente personal o acompañante del afectado para pasear, ir al banco, a la peluquería o al supermercado, o simplemente conversar. Un dependiente puede pedir el cambio de su cuidador porque no le gusta el servicio, y también se dan casos en que estos solicitan que se les retire el cuidado por la complejidad del mismo o por el difícil comportamiento de la persona.

La atención a domicilio se gestiona a través de las entidades locales, con financiación también de la Xunta. El Concello tiene tres modalidades: para dependientes, en libre concurrencia para quienes no necesariamente tienen la dependencia reconocida y con un programa de servicio sociosanitario temporal. Entre los tres tipos se atendieron en 2017 a alrededor de 1.500 personas, unas 600 de ellas dependientes. La cifra crece cada año, comenta la técnica municipal del servicio de Dependencia Ana Cancelo: en 2012 se asistieron a 1.200 personas.

También ha aumentado el número de cuidadores formales (los que no son de la familia), en su mayoría mujeres y en número de 525 en la actualidad, generalmente con titulación de auxiliar de ayuda a domicilio y pertenecientes a empresas con las que el Concello tiene concierto. Las familias y los cuidadores suelen decidir los cuidados y las tareas primordiales que han de desempeñar con los dependientes, desde la higiene a la vestimenta, pasando por la movilidad o la supervisión de la medicación. Un dependiente de grado 1 puede precisar hasta 25 horas mensuales de atención en su hogar, 45 horas si la dependencia es de grado 2 y hasta 70 si es del mayor nivel.

Las administraciones dan prioridad al servicio público a la hora de resolver la solicitudes de dependencia reconocida, subraya Cancelo, y cuando la asignación se hace en un centro privado la Xunta cofinancia el importe de la atención en función de la capacidad económica de los afectados y de su nivel de limitación de autonomía. Los cuidadores también reciben subvenciones si al realizar sus servicios, por ejemplo, han tenido que renunciar a su trabajo.

Galicia cerró el año 2017 con 117.875 personas dependientes. La franja de edad con el mayor número de casos es a partir de los 75 años, casi 77.500. Seis de cada diez son mujeres y el porcentaje más alto de situaciones se da en municipios de menos de 10.000 habitantes. La enfermedad es la causa principal que condiciona un caso de dependencia, seguida por la edad, un defecto producido en el nacimiento que requiere de cuidados especiales y un accidente, si bien el grado de dependencia de un afectado puede estar definido por más de un motivo.

El año pasado hubo en la comunidad gallega un total de 144.539 cuidadores de personas con algún tipo de dependencia, según el IGE, un 25% más que diez años antes. Casi el 80% pertenecen a la familia de la persona a quien asisten, con atenciones que van de las 15 horas semanales o menos a las 70 horas o más. El 63% de los cuidadores son mujeres, frente al 37% de hombres.