La Autoridad Portuaria coruñesa soporta en la actualidad una deuda de 311.075.00 euros, según los datos proporcionados por el Gobierno central a la diputada en el Congreso de En Marea Yolanda Díaz. La parlamentaria solicitó también las cifras del resto de puertos gallegos de competencia estatal, lo que revela que la cantidad adeuda por el de A Coruña multiplica por cinco la que suman en conjunto los de Ferrol-San Cibrao, Vigo y Vilagarcía de Arousa, ya que el de Marín-Pontevedra carece de endeudamiento.
La mayor parte de la deuda a la que debe hacer frente el Puerto coruñés corresponde a los 200 millones que le prestó Puertos del Estado en 2011 para concluir la construcción de la dársena exterior, ya que en esa fecha se había producido un importante sobrecoste sobre el presupuesto inicial de las obras. El organismo estatal había aprobado en un primer momento un crédito de 250 millones, pero en 2014 la Autoridad Portuaria le devolvió 50 millones al considerar que no serían necesarios.
Este préstamo no comenzará a amortizarse hasta 2021, ya que tiene un periodo de carencia de diez años, y debe estar abonado en su totalidad en 2051. La obligación de empezar a pagar las cuotas dentro de tres años está detrás del acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado, Ministerio de Fomento y Xunta para que esta última adquiera la mitad del valor de los muelles de Calvo Sotelo y Batería. En el protocolo firmado el pasado 18 de abril sin contar con el Ayuntamiento se fija como objetivo que el Puerto coruñés obtenga 30 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2020 por la venta de esos muelles y del hotel Finisterre y que, en el caso de que esa operación no proporcione la cantidad pretendida, la administración autonómica se compromete a aportar el resto, para lo que recibirá a cambio derechos de edificabilidad futuros en el muelle de San Diego.
A los 200 millones prestados por Puertos del Estado hay que añadir los 111 millones que concedió en 2005 el Banco Europeo de Inversiones y que habrá que devolver en el año 2035.
Frente a los 311 millones que condicionan de un modo decisivo la gestión de la Autoridad Portuaria coruñesa, la siguiente entre las de Galicia en cuanto a deuda es la de Ferrol-San Cibrao, que asciende a 40,1 millones. De ellos, 28,2 millones corresponden a un préstamo del Instituto de Crédito Oficial que vencerá a finales de 2032, mientras que otros 11,8 millones proceden de un préstamo del Ministerio de Industria que habrá que abonar antes de que concluya el año 2025.
Vilagarcía de Arousa es el siguiente puerto en cuanto a endeudamiento, aunque solo con 11,8 millones de euros. Esta autoridad portuaria tiene todos sus créditos contraídos con entidades financieras privadas, de las que Abanca es a la que se adeuda una cantidad mayor, 5,3 millones, mientras que al BBVA se le deben 3,8 millones y a La Caixa 2,6 millones.
Toda la deuda de la Autoridad Portuaria de Vigo, que suma nueve millones, corresponde a préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones. El más voluminoso, de cuatro millones, vence en junio de 2041, mientras que los otros dos, de tres y dos millones, deben ser devueltos en 2040.
Pese a que Ferrol, al igual que A Coruña, construyó un puerto exterior, el Gobierno central no le exigió financiar las obras mediante la venta de sus muelles interiores. Tampoco se utilizó esa vía en otra nueva dársena ejecutada en los últimos años, la de Gijón, al igual que en la de Granadilla, en Tenerife, que actuará como auxiliar de la de Santa Cruz.
Este argumento lleva a las fuerzas políticas que defienden la renegociación de los convenios de 2004 para la financiación de punta Langosteira -todas menos el PP- a reclamar para A Coruña el mismo trato que el recibido por el resto de los puertos estatales. Los acuerdos de hace catorce años establecían que la venta de los terrenos portuarios próximos al casco urbano debería proporcionar 200 millones, un tercio del coste que se calculaba para la nueva dársena, aunque esa estimación se hizo en un contexto de crecimiento constante del mercado inmobiliario al que en 2008 sucedió un desplome cuyas consecuencias se extienden hasta hoy.
