La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte al Concello de A Coruña de que el concurso que convoque para la concesión del transporte urbanoconcesión del transporte urbano una vez finalizada la prórroga en vigor en 2018 debe asegurar que se "ajusten" las "condiciones ineficientes que ahora existen". El resultado tendría que ser, añade, un servicio con "mejores condiciones" que reviertan en el control del gasto público y en los usuarios del servicio, "tanto en precios como en prestaciones".

El Gobierno local baraja en estos momentos dos opciones para la concesión. Bien convocar un nuevo concurso cuando remate la prórroga de dos años, bien pedir a la Comisión Europea un dictamen sobre el futuro del contrato, no adaptado a la normativa comunitaria como sostiene Competencia, que cree que la ejecutiva comunitaria podría ordenar devolver las compensaciones a Tranvías si las considera "ayudas de Estado ilegales".

El dictamen de CompetenciaCompetencia, emitido a petición del propio Ayuntamiento de A Coruña, defiende que, a través de una nueva licitación, tiene que ser el mercado el que permita "imponer condiciones de tendencia a la eficiencia", según el patrón marcado por el reglamento comunitario de 2009 al que, razona, no está adaptado el convenio con Tranvías, que se hizo cargo del servicio en 1986 sin concurso, a través de un acuerdo de pleno.

Para el órgano fiscalizador, incluso sería ideal adoptar medidas "de intervención pública menos intensas". Por ejemplo, otorgar licencias por líneas a diversos operadores que compitan en el mercado "o, incluso, la liberalización del servicio en algunas rutas de la ciudad", un camino este que parece difícil de seguir si el Concello defiende el papel de los servicios públicos.

"Si finalmente se opta por confirmar la licitación proyectada en forma de concesión de servicio público", concluye Competencia, "debe optarse por aprovechar al máximo la competencia por el mercado que realizarán los potenciales licitadores pero debiendo en todo caso garantizar que existe un riesgo operacional que debe asumir el futuro concesionario".

Y es que el órgano se muestra crítico con las actuales condiciones del contrato, al entender que no existe ningún riesgo para Tranvías en él. La resolución destaca que el convenio de Tranvías cubre todos sus gastos y costes, incluyendo el beneficio industrial, "pero asegura la ausencia de pérdidas". También subraya que incluye "posibles compensaciones en favor del concesionario cuando una modificación le cause perjuicios" sin "prever medida alguna para el supuesto en el que el establecimiento de nuevos servicios le pueda resultar favorable, en cuyo caso incrementará sus beneficios sin contrapartida en favor del erario público". "Se han producido compensaciones adicionales al operador para la reducción del precio de las tarifas a pagar por los distintos tipos de usuarios, (estudiantes y universitarios)", añade el ente, que también pone el foco en la revisión anual de las tarifas siempre al alza: "No se prevé que la revisión de las tarifas pueda ser a la baja".

Competencia considera que el régimen económico debe ser revisado ya en 2018 pero que debe ir más allá que la mera reducción de tarifas y profundizar en los parámetros sobre los que se calcula las tarifas y los ingresos de la compañía. Según un informe del área municipal de Hacienda basado en una investigación encargada a la UDC, el Concello cree que Tranvías ha estado ingresando entre 3,7 y 4,8 millones más de lo que debía como "beneficio razonable", acorde con la ley comunitaria. El Gobierno local pretende, según explicó ayer el alcalde, una rebaja en las tarifas y una mejora en las condiciones para ajustar dicho "exceso de beneficio razonable" y dijo que, tras el informe de Competencia, buscarán la fórmula para hacerlo, iniciando así un nuevo pulso con la empresa presidida por José Prada.

La Compañía de Tranvías, que ya había defendido que el contrato está dentro del marco legislativo europeo y que no es posible cambiar sus condiciones si no cambia la concesión, minimiza la opinión de Competencia y su alcance, porque "existen numerosos casos de resoluciones judiciales" en contra de informes de la CNMC.

La empresa ha llevado al juzgado el adelanto del fin de la concesión a 2016 que decidió el Gobierno local a finales de aquel año en virtud de la normativa europea. El contrato del Gobierno vazquista la fijaba en 2024 pero un cambio legislativo limitó a 30 años la duración de los contratos adjudicados sin concurso previo. El Concello opta por negociar las tarifas para ajustar el beneficio de Tranvías. Opina que, de momento, una nueva licitación podría causar perjuicios económicos al Concello en caso de que el juzgado fallase en contra. Si Tranvías no se aviene a cambiar las condiciones, advierte de que enviará el Contrato a la Comisión Europea para que dictamine sobre su legalidad.

El BNG volvió a pronunciarse ayer sobre el dictamen de Competencia y lamenta que, entre sus alternativas, el Concello no haya "formulado como posibilidad la gestión pública municipal". Exige al Gobierno local que aplique "de manera inmediata" la recomendación de Competencia y notifique a la Comisión Europea la situación, "para que evalúe la posible existencia de ayudas de estado, incompatibles con la legalidad europea".