"No sé si se podría haber evitado lo que pasó [el miércoles después de que el Concello tomase posesión del antiguo edificio de Comandancia]Comandancia pero hicimos todo lo posible. Los policías locales no fueron a lanzarse contra nadie, reaccionaron como mejor consideraron ante una situación [en la que activistas intentaron volver a las instalaciones del Centro Social Okupado A Insumisa]", dijo ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, a preguntas de este diario antes de la ceremonia de ingreso de Antón de Santiago en el Instituto Cornide.
Ferreiro defendió ayer que el Gobierno local llevaba "muchos meses trabajando" para que la salida de los activistas fuese "dialogada y no violenta", aunque no todo el plan pudo cumplirse. La concejal de Igualdade e Diversidade, que tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga, explicó ayer que las órdenes que tenía la Policía Local en el desalojo de A Insumisa eran que todo el proceso de recuperación del espacio se desarrollase "de manera pacífica". Al principio fue así aunque, más tarde, sobre la una, se registraron enfrentamientos entre los activistas y los agentes. La concejal y también el alcalde alegaron que no había sido una carga sino "una respuesta" a las personas que habían roto la barrera policial para intentar entrar en las antiguas dependencias de Comandancia cuando el Concello ya las había dado por recuperadas y las estaba custodiando.
El Gobierno local tiene constancia de que seis personas fueron atendidas por los sanitarios en las inmediaciones de Metrosidero, por enfrentamientos tanto con la Policía Local por la mañana, como por la Nacional por la tarde, y que tres de ellas fueron trasladadas, aunque no todas pasan al parte municipal, por lo que hubo más de una decena de personas que sufrieron contusiones y que no aparecen en esta cuenta.
"Nunca hubo intención ni orden de hacer una carga policial, por la parte que nos toca, no hubo una carga sino una reacción ante el intento de entrar en el espacio. Asumo todas las responsabilidades y voy a seguir trabajando como hasta ahora para intentar que la Policía Local trabaje bien", dijo ayer Fraga, que lamentó las víctimas "de todos los lados", tanto de los dos agentes como de los manifestantes. Ferreiro defendió ayer la labor de la concejal y descartó que deje su puesto. "No se contempla [su dimisión] en estos momentos. Actuó lo más correctamente que pudo y está muy afectada por lo que pasó", explicó el alcalde, que se confesó "triste y apenado" por los golpes recibidos tanto por los activistas como por los agentes.
Sobre si las imágenes de los policías locales pegando con las porras a los manifestantes traicionan el programa de Marea Atlántica, que prometía no colaborar con desahucios, Ferreiro matiza que lo de A Insumisa no es desalojo. "Hablamos de desalojos de vivienda y eso se está cumpliendo. No es lo mismo una persona a la que echan de su casa que un edificio público que tenemos la obligación de proteger. Aquí no hubo desalojo en el que colaborar, no había nadie dentro", alegó. "El análisis que hay que hacer va más allá de fotos y vídeos de 40 segundos de muestras de dolor y rabia que están surgiendo por la situación que estamos viviendo", reconoció Fraga, que alegó también que, si hubiesen querido cargar, los agentes hubiesen llevado material antidisturbios.
"Ni siquiera llevaban cascos, protecciones o cualquier otro tipo de equipamiento para un enfrentamiento o carga", abundó Fraga. Preparados para esta función sí que estaban los agentes de la Policía Nacional, a quien requirió el Concello tras los incidentes matinales, que cargaron por la tarde y que tiene competencias en la vigilancia y el orden público en la calle. Los agentes de 091 y 092 seguirán custodiando las instalaciones "mientras haya un riesgo" de que el colectivo vuelva a las instalaciones.
Fraga aseguró que, desde el principio, se había intentado llegar a un acuerdo con los usuarios de A Insumisa y que no había sido posible una jornada pacífica y mantuvo que, a pesar de todo, el Gobierno local tiene la intención de "tender puentes" con el colectivo afectado.
"Nosotros reconocemos el trabajo hecho por las personas que estaban allí, lo importante que fue su labor para recuperar ese espacio del abandono pero no podíamos ni legal ni políticamente dejar de cumplir lo que la ley nos exige, que es que el Concello se haga cargo de un bien de su titularidad. Eso es inapelable. Legalmente es imposible hacer otra cosa", zanjó Ferreiro.
Durante los disturbios de la tarde del miércoles, un joven fue detenido cuando se alejó del grupo -de unas 250 personas- para, según los activistas, ir al servicio. Agentes de la Policía Nacional lo arrestaron y lo acusaron de desórdenes, atentado a la autoridad y amenazas. El detenido fue puesto en libertad tras prestar declaración en el juzgado. Las dos jóvenes que resistieron en el tejado de A Insumisa durante todo el día del miércoles y que bajaron de manera voluntaria tras la decisión de la asamblea del centro social, sobre las 23.30 horas, no fueron identificadas, ya que su acción no constituye ningún delito ni falta.
El representante legal del centro social, Antonio Vázquez, asegura que el desalojo no se ajusta a la ley, ya que, entre otras cosas, defiende que los okupas tenían hasta medianoche para irse voluntariamente de las instalaciones. "El procedimiento tiene defectos de importancia que, a mi modo de ver, hacían ilegal la manera de actuar", dijo Vázquez. Uno de los defectos es que, a la persona que recoge la notificación del expediente y que, después, hizo alegaciones, no se le notificó el resultado. "Tampoco a través del boletín oficial, de hecho, el Ayuntamiento dice que la notificación en el boletín se hizo de manera complementaria. Eso no es posible", comentó Vázquez, que deja en mano de la asamblea llevar a los tribunales el desalojo. Fraga defendió que la notificación se hizo el 27 de abril y que el plazo expiró en mayo y que todo se hizo con arreglo a ley. "Incluso en la publicación en el BOE no se hizo constar que cabía recurso de reposición en un plazo de un mes. Cualquier notificación que hubiesen hecho daría lugar a un mes para poder recurrirla. Aún tomando como referencia la notificación del 27 de abril, aún no sería firme porque habría plazo para recurrirla", comentó Vázquez, que dice que el colectivo está "muy fuerte de ánimos".
