La marcha de Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno abre una incógnita sobre la financiación de la conexión ferroviaria del puerto exterior de A Coruña, que él mismo anunció el pasado 2 de abril que sería costeada por Puertos del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Pero el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no incluye ninguna partida para esta actuación, cuyo coste se estima en 140 millones de euros, lo que fue explicado por el Gobierno por la necesidad de que los dos organismos estatales que lo financiarán firmen un acuerdo en el que se explicite el acuerdo al que llegaron sobre este proyecto.

Desde el 2 de abril ni Puertos del Estado ni Adif han informado sobre cuándo piensan poner por escrito el pacto anunciado por Rajoy para hacer frente al coste de las obras, que había puesto fin a la incertidumbre sobre su realización. El hasta ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró en A Coruña que ese acuerdo está cerrado y que solo faltaba la firma, por lo que una vez que se formalizase ese trámite, las obras podrían ser licitadas, aunque posponía la apertura del proceso al primer semestre del próximo año.

La imposibilidad de que la Autoridad Portuaria coruñesa asumiera el pago de esa actuación con sus propios recursos está descartada, ya que la elevada deuda que soporta -300 millones de euros- por la construcción de la dársena de punta Langosteira le impide contraer nuevos préstamos, al tiempo que condiciona su gestión económica actualdeuda punta Langosteira. La salida del Gobierno central no solo afecta a los ministros y el resto de altos cargos de sus respectivos departamentos, sino también a los organismos autónomos y empresas públicas, situación en la que se encuentran tanto Puertos del Estado como Adif, a los que el nuevo Ejecutivo socialista debe designar nuevos presidentes en los próximos días.

Serán por tanto los responsables entrantes de ambas entidades quienes decidan si finalmente se hacen cargo de poner en marcha el tren a Langosteira, aunque su dependencia del Ministerio de Fomento hace prever que sea el propio ministro quien tenga la última palabra sobre una intervención que se considera imprescindible para el puerto exterior.

La financiación de esta obra forma además parte del protocolo suscrito el pasado 18 de abril por Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria y Xunta de Galicia sobre los muelles de la ciudad, ya que en el mismo se expresa el compromiso de la administración estatal de costear la construcción de la nueva vía férrea. Este documento desarrolla sus contenidos en un convenio del que las cuatro instituciones hasta ahora solo firmaron un borrador, pero en el que el pago del ferrocarril del puerto exterior aparece claramente vinculado a la venta del 55% de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo a la Xuntamuelles de la Batería y Calvo Sotelo .

Tanto el Gobierno autonómico como el central invitaron al Concello y a la Diputación a sumarse a este acuerdo, que se presentó como la garantía de que la Autoridad Portuaria podría hacer frente al pago de su ingente deuda, ya que, además de los dos muelles, se mantenía el plan de 2004 para vender el de San Diego y la subasta del hotel Finisterre. El objetivo es obtener un mínimo de 20 millones de euros antes de 2021, ya que en ese año el Puerto tendrá que empezar a amortizar el crédito de 200 millones de euros que le concedió en 2011 Puertos del Estado para poder concluir las obras de Langosteira, en las que se había producido un notable sobrecoste.

También el nuevo Gobierno central deberá pronunciarse sobre el protocolo y la propuesta de convenio al que va asociado, cuya pervivencia ya ha defendido la Xunta, aunque ambos documentos suponen una consolidación de los acuerdos de 2004 para la venta de los terrenos portuarios que todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular, proponen renegociar.

Otra de las asignaturas pendientes de Fomento en relación con el enlace ferroviario del puerto exterior es la presentación del proyecto constructivo. El documento debería haber sido presentado en septiembre de 2017 pero sigue sin darse a conocer, aunque Íñigo de la Serna declaró en abril que está terminado. Previamente, en febrero, se aprobó el estudio informativo del proyecto, que determina la viabilidad del trazado seleccionado, con una longitud de 6,55 kilómetros, de los 4,52 discurrirán a través de túneles.