La Asociación Gallega de Transporte Urbano, que agrupa a las concesionarias municipales del sector, cuestiona el informe de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en el que, en el caso de A Coruña, concluye que la aportación del Ayuntamiento para financiar el bonobús puede considerarse una ayuda ilegal. La patronal manifiesta su "disconformidad" con este dictamen y lo rebate con otro de un exconsejero de Competencia que afirma que "es imposible que exista cualquier margen a la alegalidad".