El Consello Consultivo no puede poner fecha al final de la concesión de la UTE Albada al frente de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. No puede poner fecha porque ningún documento municipal concreta el día en que comenzó el servicio de manera oficial. Así lo constata el órgano fiscalizador, al que el Concello consultó sobre el plazo de la concesiónconcesión, otorgada por el Gobierno de Francisco Vázquez por veinte años más prórrogas. El informe del Consultivo es desfavorable, puesto que el Gobierno municipal pretendía alargar la vinculación hasta diciembre de 2020. Pero tampoco concuerda con la adjudicataria, para la que expiraba un año antes. Por indicación de la resolución, el Ejecutivo tendrá que establecer una fecha entre enero y septiembre de 2000.
El problema procede, según identifica el Consello Consultivo, de una actuación del Concello, en los albores del contrato, "que no puede ser objeto de una valoración positiva", ya que "la determinación de la fecha de inicio de la presentación debería haberse realizado en un acto formal de comprobación y plasmado documentalmente con la participación de la adjudicataria". Este documento, en una de las contratas municipales más onerosas y la más judicializada, no existe a pesar de ser "esencial" para determinar la extinción de la concesión.
El contador no se pone en marcha cuando el Pleno adjudica el servicio a Albada, en noviembre de 1997. Y es que no incluía exclusivamente el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, sino que antes, la empresa adjudicataria tenía que encargarse de construir las instalaciones.
Según comprueba el Consultivo, el plazo máximo para la puesta en marcha de las instalaciones era de 14 meses después del acta de replanteo, el acta que se firma justo antes del inicio de las obras. Fue rubricada el 15 de enero de 1999 por lo que el inicio de la prestación del servicio quedaría fijado el 15 de marzo de 2000. Sin embargo, consta una petición de prórroga del plazo por parte de Albada "debido a la complejidad técnica de la tecnología innovadora utilizada". Esta moratoria se concede hasta diciembre de 2000 y es la fecha a la que se aferra el Concello para intentar clausurar el contrato en diciembre de 2020, cuestión que ha negado el Consultivo.
El órgano fiscalizador autonómico concluye que, aunque la prórroga se alargase hasta esa fecha, hay datos en el expediente que "permiten entender que la prestación del servicio se inició con anterioridad".
Albada presentó como parte afectada documentos para comprobar que se comenzó a recibir basura en noviembre de 1999 y que es esa la fecha que se debe tener en cuenta. Pero el Consultivo le replica que "tampoco sería procedente entender que el inicio del funcionamiento de la planta implica, necesariamente, que se considere que el servicio se puso en marcha", porque tal consideración requeriría "un volumen mínimo que permitiese identificar que se realiza el tratamiento y eliminación de residuos objeto del contrato". Esto es, el Consello Consultivo razona que, por las cifras de trabajo registradas por la planta, no se puede considerar que, al menos en los dos primeros meses, se estuviese tratando toda la basura de la ciudad. Indica que, según recoge un informe de abril de 2018, fue en septiembre de aquel 2000 cuando el Concello reconoce, "aunque con ciertas excepciones", que "la prestación pasa a ser del 100% del total de los residuos tratados".
Para el Consultivo, el funcionamiento de los dos primeros meses se puede entender como "provisional" o parte de un desarrollo "por fases" pero advierte que el Concello no puede tomar como referencia el final de la prórroga de diciembre de 2000 porque "distintos datos que resultan del expediente apuntan a que el inicio de la prestación, en sus aspectos capitales, tuvo lugar con anterioridad, en algún momento comprendido entre los meses de enero y septiembre de 2000".
Es por eso que, reconociendo la potestad del Concello, y a través de criterios técnicos, insta al Gobierno local a establecer una fecha, "con la participación de la adjudicataria" entre enero y septiembre. La resolución ya ha sido comunicada por la concejala de Medio Ambiente, María García, a representantes de los trabajadores. Albada está dominada en estos momentos por una sociedad asiática que compró Urbaser, una operación que le reportó en 2016 a Florentino Pérez 1.100 millones de euros.
