La asamblea de policías locales realizada ayer en el centro cívico de San Diego dio como resultado el voto de 190 agentes a favor de la propuesta del Gobierno local para resolver el conflicto sobre la reclasificación laboral de estos funcionarios, mientras que 26 votaron en contra y otros 6 se abstuvieron. La votación da vía libre a la solución de un problema que se inició en 2012 mediante la aprobación por la Junta de Gobierno Local el próximo viernes de una vía que hará posible incrementar en 83 euros brutos al mes la nómina de los policías al reconocerse en su salario la nueva categoría profesional que se les aplicó en el año 2009.
Tras haber intentando inicialmente efectuar una adecuación retributiva singular, a la que renunció por las dificultades jurídicas que implicaba, el departamento de Personal y la Asesoría Jurídica se decantaron por el reconocimiento de derechos minorado que permite realizar una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017 a los ayuntamientos que cumplan la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda. Para la concejal Rocío Fraga, esta opción "tiene mayores garantías jurídicas", ya que la no aplicación del acuerdo de 2009 entre Concello y Policía Local "supuso una minoración de los derechos" de la plantilla del cuerpo.
Las negociaciones que se habían iniciado en 2009 para adecuar las retribuciones de los agentes a su reclasificación encallaron en 2012 durante el Gobierno local del Partido Popular, que interpretó que la congelación salarial decretada por el Ejecutivo central impedía aplicarla, aunque los representantes sindicales insistieron en que no se trataba de un aumento de sueldo.
El conflicto derivó ya entonces en protestas como bajas médicas masivas que también se produjeron en este mandato municipal, en el que además se efectuaron diferentes tipos de movilizaciones. A pesar del respaldo obtenido por la propuesta del Gobierno local, la asamblea no se pronunció sobre la suspensión de las protestas, lo que Manuel Aceña, portavoz de CSI-CSIF, sindicato mayoritario entre los agentes, justificó por la "desconfianza" existente tras tantos años de conflicto.
"Es una solución prácticamente hecha a medida de un caso como el nuestro", manifestó Aceña sobre la propuesta municipal, ya que el cambio salarial se considera una adecuación retributiva singular que no requiere una excepción a la ley. Una vez que sea aprobado por la Junta de Gobierno, entrará en vigor sin necesidad de pasar por el pleno, de forma que se espera que en la nómina de julio los agentes perciban el nuevo salario, aunque antes será preciso modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Concello.
El representante de CSI-CSIF destacó que entre los policías hay un "malestar acumulado por la espera de tanto tiempo", aunque admitió que la solución aportada por "es una oportunidad muy importante porque ofrece mucha seguridad jurídica frente a otras propuestas". Aceña calificó además de "bastante aceptable" la postura del Gobierno local en esta negociación porque no exigió a los sindicatos la suspensión de las movilizaciones para poner en marcha esta iniciativa. También admitió que la cantidad que percibirán los policías con este acuerdo no es elevada, pero que supondrá que al reconocimiento de una mayor categoría profesional y responsabilidad que suponía su nueva clasificación se le añada la retribución que le correspondía.
