El acuerdo que aprobará hoy la Junta de Gobierno Local mediante el que se abonarán a la Policía Local de A Coruña las cantidades que habían sido acordadas con sus representantes sindicales en 2009 por la reclasificación profesional que se les aplicó cuenta con el rechazo del interventor municipal, que niega que las restricciones salariales impuestas por el Gobierno central en 2012 hayan supuesto una minoración de sus ingresos con respecto a las que recibían. El funcionario anuncia que en el momento en que el incremento se aplique a las nóminas de los policías formulará un reparo.
Esta iniciativa tendrá un coste de 285.743 euros para las arcas municipales durante los próximos seis meses, que supondrán 83 euros al mes para cada policía. La medida se aplica, según el Gobierno local, como un reconocimiento de la reducción de un 5% en la nómina sufrida por los agentes, que también habrían visto reducidas sus pagas extraordinarias, aunque el interventor asegura que esta situación no se produjo.
Una asamblea de estos funcionarios respaldó por abrumadora mayoría esta solución para poner fin a un conflicto que se mantenía desde hace siete años y que motivó movilizaciones de los agentes municipales de A Coruña tanto con el Gobierno local del PP como el de Marea Atlántica.
Este último halló una vía para resolver el problema a través de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017 que permite reconocer cantidades minoradas a los funcionarios que no supongan un incremento salarial, ya que este era el argumento que utilizó el PP para justificar su rechazo a aplicar la reclasificación en el plano salarial. Pero el interventor estima que "no se puede restablecer lo que no se minoró" y advierte que la disposición adicional no permite aumentar los salarios de los funcionarios por encima del límite establecido en los Presupuestos del Estado.
DÉFICIT Y DEUDA
Para hacer posible la utilización de esta disposición, es necesario que el Concello cumpla la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda, circunstancia que se produce en la actualidad. La fórmula seguida ahora por el Gobierno local proporciona una seguridad jurídica a los agentes que los representantes sindicales valoraron a la hora de analizar la propuesta, ya que las otras alternativas planteaban importantes dudas sobre la posibilidad de que fueran legales.
A pesar del considerable apoyo recibido por esta solución en la asamblea, los policías eludieron pronunciarse sobre el fin de las protestas, ya que existe "desconfianza" en el seno del cuerpo a causa de un conflicto laboral tan prolongado.
