La defensa del detenido por los altercados de A Insumisa en prisión preventiva pedirá su libertad sin fianza ante una situación "insólita", tanto por la medida cautelar tomada como por el delito de sedición, que puede ser penado de cuatro a ocho años de prisión, formulado por la Fiscalía. Un juez de Instrucción analizará, probablemente el lunes, las medidas determinadas por la jueza de guardia. La Policía Nacional detuvo el martes a esta y otra persona en relación a los altercados matinales del 23 de mayo tras la recuperación de la antigua Comandancia de Obras de la Policía Local. La jueza envió a la cárcel de Teixeiro de manera provisional a uno de ellos por los delitos de atentado y lesión, ambos agravados por uso de instrumento peligroso, y de sedición "por alzarse tumultuariamente contra los agentes allí destacados". Hay otros tres investigados.
Los hechos del atestado sucedieron la mañana del 23 de marzo cuando, después de que agentes municipales recuperasen Comandancia al hallarla vacía, un grupo de personas intentase romper el cordón establecido para volver a entrar en el edificio. La Policía Local realizó un informe y dio traslado de los hechos, así como de las diligencias efectuadas, a la Policía Nacional. En el atestado de la Policía Nacional figuran cinco personas como investigadas, según el abogado de los mismos, Antonio Vázquez. De ellos detuvieron a dos. El segundo quedó en libertad con la obligación de comparecer, al no poder imputársele, según la jueza, ningún acto de violencia específica.
Según el procedimiento, un juez de Instrucción debe ratificar la decisión de la jueza de guardia (también de Instrucción). En la vista, en principio prevista para el lunes, la defensa solicitará la libertad sin fianza. El letrado Antonio Vázquez destaca lo "insólito" de una prisión preventiva, propia de "casos sangrantes" y no de delitos como el "atentado", y también lo "insólito" de la investigación por delito de sedición. Le parece, cuando menos, "un tanto desmesurado". Vázquez explica que es la "base" para la decisión de la prisión preventiva, al tomarse en función de la gravedad de los posibles delitos".
Comunicado del Gobierno local
El Gobierno municipal envió a primera hora de la tarde un comunicado en el que se desmarca de las detenciones y la decisión judicial. Señala que la Policía Local realizó un informe, "según el procedimiento habitual", y le dio traslado a la Nacional, "diligencias" que "no identifican a ninguna persona, ni califican los eventuales delitos, ni proponen medidas a adoptar". "El Concello, pues, ni presenta denuncia ni solicita condenas para ninguna de las personas identificadas en esa jornada", añade el Ejecutivo, que espera que la aplicación penal sea "proporcionada, acorde con los hechos probados y no sirva para criminalizar innecesariamente la disidencia política".
Sobre la "necesidad de no criminalizar la disidencia política" insiste en un comunicado posterior y más contundente la formación que sostiene al Gobierno local, Marea Atlántica. En él, rechaza la "desproporcionada actuación judicial en las detenciones de activistas", se oponen a la calificación de los hechos como un "delito de sedición" y censuran "la decisión de enviar a prisión preventiva a uno de los jóvenes encausados".
