Al menos cinco de los 23 detenidos en la calle Orillamar durante la madrugada del miércoles al jueves, en la macrooperación antidroga en la que participaron un centenar de agentes de la Policía Nacional, apoyados por un helicóptero y por perros de rastreo, fueron puestos ayer en libertad en la comisaría de Lonzas. El resto de arrestados, la mayoría de ellos defendidos por el penalista José Ramón Sierra, está previsto que pasen en las próximas horas a disposición judicial, donde el magistrado de guardia decidirá si decreta su ingreso en prisión provisional o su puesta en libertad.

Los agentes se incautaron de heroína, cocaína, hachís, marihuana, escopetas, pistolas, documentación y dinero en efectivo. Si bien no especificaron las cantidades, fuentes policiales las consideran "importantes para tratarse de menudeo de droga". Aún así, están lejos de los decomisos de grandes alijos. El caso, por el momento, está bajo secreto de sumario, por lo que la mayoría de los arrestados se negaron a testificar en dependencias policiales. Ante el juzgado de guardia, según avanzó el letrado José Ramón Sierra, volverán a acogerse al mismo derecho a no declarar porque alegan que desconocen los motivos por los cuales fueron arrestados.

Funcionarios de la Policía Judicial, de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), de las Unidades de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Unidad de Subsuelo, entre otros departamentos del 091, participaron en el dispositivo, durante el que fueron registradas 15 de las 44 viviendas de la zona, según fuentes policiales. Al lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de Bomberos de A Coruña, pero no fue necesaria su intervención, y agentes de la Policía Local de A Coruña, quienes cortaron la circulación y el paso a peatones.

La macrooperación, que contó con la colaboración de agentes desplazados desde Madrid, fue dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, si bien la unidad que esta semana ejerce las funciones de guardia es Instrucción 2, que será la que se haga cargo de los arrestados cuando pasen a disposición judicial en las próximas horas.

Los detenidos forman parte de las 35 familias a las que hace 13 años el Gobierno municipal presidido por Francisco Vázquez entregó las llaves de las 44 viviendas construidas en Orillamar. Hasta el año 2001, esas familias habían vivido en el poblado de chabolas ubicado en ese mismo lugar durante 25 años y que era conocido como los arcones. Los vecinos de la zona, impactados por la redada de la Policía Nacional, aseguran que el "trapicheo" de drogas es frecuente en el barrio "desde siempre".

La investigación que originó el dispositivo policial sin precedentes en la ciudad se inició a raíz de denuncias de los residentes en la zona por el incremento del tráfico de drogas. Los agentes del 091 comenzaron a seguir la pista a los sospechosos hacía meses. El pasado jueves de madrugada irrumpieron con mazas y martillos para derribar las puertas de sus viviendas y los sorprendieron cuando dormían. Cinco de los 23 detenidos fueron puestos ayer en libertad. El resto deberá esperar a que se pronuncie el juez instructor.