Ya antes de que se hubiera construido, la depuradora de Bens había generado problemas a los responsables políticos, ya que la Unión Europea obligó en 1991 a todos los estados miembros a tratar las aguas residuales de los municipios de más de 15.000 habitantes antes de 2001. La obra fue declarada de interés general en 1996 pero hubo que esperar a 1999 para que Xunta y Gobierno central acordaran compartir los costes y hasta 2004 para que se adjudicara la construcción.

Por eso, la inclusión de A Coruña entre las localidades que en 2011 no cumplían la exigencia europea sobre depuración implicó una sanción para España, cuyo Gobierno era el responsable de acometer esta actuación. Ahí no acabaron los problemas, ya que el proyecto debía terminarse en 2008, pero los trabajos sufrieron toda clase de demoras y su ejecución se pospuso hasta 2010, fecha en la que comenzaron las pruebas de su funcionamiento.

La inauguración fue realizada por el alcalde Javier Losada solo unos días antes de las elecciones municipales de 2011. Ese mismo año la depuradora fue traspasada por Augas de Galicia al Concello coruñés, pero, al tratarse de una instalación que prestaba servicio también a Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo, todos estos ayuntamientos acordaron en 2013 crear una empresa pública que se encargase de su gestión.

Lejos a terminar las dificultades, la primera sesión del consejo de administración de la nueva sociedad sirvió para que los alcaldes conocieran los defectos constructivos de la depuradora, como las fugas del emisario submarino, la necesidad de un segundo transformador y las rejillas de desbaste inadecuadas, además de la falta de cobertura de la subestación eléctrica y de climatización de la sala de máquinas.

El emisario, la conducción submarina de 900 metros de longitud que lanza a mar adentro el agua depurada, fue finalmente reparada por la empresa que la había construido mediante un contrato diferente al de la depuradora. Los trabajos se llevaron a cabo en 2015 y para su realizaron fue necesaria la entrada de buceadores en la tubería para arreglar los problemas existentes en las juntas. Pero esa intervención no terminó con los problemas del emisario, en el que hubo que realizar nuevas reparaciones en 2016.

La semana pasada se llevaron a cabo otros trabajos en las compuertas, pero queda pendiente la cuestión de la entrada de agua marina a la red de saneamiento a través de los puntos de contacto con la costa, que la empresa deberá resolver para alcanzar la eficacia que se le exige y por la que cobra una tasa a la ciudadanía a través del recibo del agua.