El Tribunal de Cuentas investiga la ejecución del puerto exterior de A Coruña ante la posible existencia de responsabilidad contable en la gestión y contratación para la infraestructura millonaria. Tras un informe del pasado mayo, en el que fiscalizó las operaciones de la Autoridad Portuaria de A Coruña en Langosteira entre 2012 y 2014, el órgano procedió a nombrar a una Delegada Instructora que inspecciona desde enero los hechos relatados, que incluyen anomalías en las adjudicaciones, en las ampliaciones de varios contratos, además de incumplimientos en los plazos, presupuestos y la estimación de ingresos.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuyo expediente finalizó en mayo del pasado año y del que ya había informado este periódicoTribunal de Cuentas, pretendía analizar la ejecución del proyecto de las nuevas instalaciones portuarias en el periodo 2012-2014: "analizar las desviaciones de costes y el tiempo de ejecución" respecto a lo previsto y verificar la "correcta contabilización y registro" para valorar si "las operaciones y procedimientos" en la ejecución del proyecto "se adecuaron a los principios de buena gestión". Según explica el Tribunal de Cuentas, la fiscalización está referida a estos tres ejercicios, aunque se extendió a otras operaciones anteriores o posteriores "cuando su análisis fue necesario para la correcta comprensión de las operaciones".
Los responsables de la Autoridad Portuaria habían alegado contra el informe de Cuentas pero en enero de este año recibieron comunicación de que una instructora haría un análisis más detallado de los hechos contenidos en el informe. Esto se decide, según la Ley de Funcionamiento de Tribunal de Cuentas, cuando los hechos que salen a la luz a través de un procedimiento fiscalizador puedan ser "constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos". Dado el caso, pasan a la Sección de Enjuiciamiento, que propone el nombramiento de un instructor. Una vez investigado, se puede decretar o no el archivo de las actuaciones.
Los responsables de la Autoridad Portuaria de A Coruña respondieron ayer que el expediente sigue en tramitación a preguntas del concejal de Rexeneración Urbana de A Coruña y consejero del Puerto de A Coruña, Xiao Varela, durante la celebración de la sesión ordinaria del Consejo de Administración de ayer. Tras la designación de la instructora, Varela preguntó verbalmente por el procedimiento. Ante la falta de información, el edil pedirá por escrito la información sobre el informe de junio del Tribunal de Cuentas y la inspección posterior de la instructora.
La investigación del Tribunal de Cuentas se centra principalmente en la política de contratación, con casos concretos en los que se detectan anomalías. Recuerda los 99 contratos del grueso de la obra, firmados hasta 2010. Los de mayor relevancia fueron adjudicados por procedimiento abierto pero hubo 35 directos y 24 con procedimientos negociados sin publicidad. Parte de ellos, por emplear procedimientos de adjudicación y criterios de valoración "no acordes con las directivas comunitarias" dieron lugar a descertificaciones de gastos ante la Unión Europea. Como consecuencia, según relata el informe de junio del Tribunal de Cuentas, los fondos de cohesión solo financiaron un 53% del gasto total y no el 71% como estaba previsto.
El órgano fiscalizador entiende vulnerados los principios de "igualdad de trato y transparencia" en el contrato principal de las nuevas instalaciones (2004). Se adjudicó por un 503 millones de euros. El pliego permitía modificar el diseño de los cajones a la adjudicataria. La solución elegida por la contratista hizo aumentar el presupuesto por encima del precio base, sin que esto estuviese permitido en el pliego del concurso. Es uno de los ejemplos que recoge el informe, que añade que, tras la concesión de una prórroga al contratista, las obras de las fases I y II concluyeron en diciembre de 2011 "con una desviación del 27% respecto al precio de adjudicación".
El Tribunal de Cuentas analiza además la planificación y las desviaciones de costes y tiempo de ejecución. Constata que han quedado muy atrás los 630 millones de euros que se calculaban para el total de expropiaciones, rescate de concesiones y traslados, obra y accesos terrestres y ferroviarios. Lejos también las previsiones de ingresos con las que pretendía sufragar parte de la infraestructura: "las previsiones no se han cumplido, ni por lo que respecta a la financiación mediante la desafección y venta de los terrenos del puerto interior, ni en cuanto a la capacidad de generar fondos a través del aumento de los tráficos", con cifras siempre por debajo de las de 2008 y "pese a la ampliación en metros cuadrados de la superficie concesionable por la incorporación al puerto exterior".
CONSEJO DEL PUERTO
El Consejo de Administración del Puerto trató ayer hasta 21 cuestiones. Una de las relevantes, una nueva adjudicación, la de un nuevo muelle en Langosteira a Sacyr Infraestructuras y Puentes Infraestructuras, por un importe de 22,5 millones de euros para 350 metros de longitud. Incluye la mejora del calado de las instalaciones. El presidente del Puerto de A Coruña también informó del protocolo firmado en abril entre la Xunta, Puertos y la Autoridad Portuaria sin el Concello por el que el Gobierno gallego compraría, una vez transformado en un convenio, el 51% de Batería y Calvo Sotelo por 20 millones, y el Estado financiaría el tren a Langosteira. Fue una toma de conocimiento pero no se sometió a votación.
