La Ley de Puertos señala que el presidente de la Autoridad Portuaria no puede firmar "acuerdos, pactos, convenios y contratos" sin que el Consejo de Administración, donde están representadas todas las Administraciones y el sector portuario, lo faculte para hacerlo. Es por eso que la Abogacía del Estado ha cuestionado cómo el máximo responsable de la entidad en A Coruña, Enrique Losada, procedió a rubricar el protocolo con la Xunta y Puertos del Estado, del que excluyeron al AyuntamientoA CoruñaEnrique Losada protocolo , sin potestad para hacerlo. La Autoridad Portuaria de A Coruña optó ayer por no realizar comentarios sobre esta cuestión ni tampoco responder si dicho acuerdo cuenta con un informe escrito de la Abogacía del Estado que avale su pertinencia y su acomodo a la normativa.

La cuestión fue puesta encima de la mesa en el Consejo celebrado este jueves por el concejal de Rexeneración Urbana y único representante del Concello de A Coruña en el Consejo de la Autoridad Portuaria, Xiao Varela, que preguntó por la regularidad del procedimiento por el cual, en abril, el presidente Enrique Losada firmaba el protocolo con el presidente de la Xunta, el expresidente de Puertos del Estado y el exministro de FomentoEnrique Losadaprotocolo . Se trata de un acuerdo de intenciones que tiene que ser materializado en un convenio. En él, la Xunta avanzaba la intención de aportar 20 millones para hacerse con la propiedad del muelle de Batería y Calvo Sotelo, que iban a ser subastados, y ayudar a paliar la deuda por el puerto exterior. El pacto sellado dejaba el 49% restante al Concello y a la Diputación, sin haberles pedido opinión ni informado previamente.

Tampoco fue informado antes de la firma el Consejo de Administración. El protocolo fue incorporado al orden del día del jueves pero no para ser votado, sino para que sus miembros -Xunta, Estado, concellos da A Coruña y Arteixo y colectivos como los empresarios o el sector pesquero- tomasen conocimiento a posteriori del mismo.

Según la Ley de Puertos (artículo 30.5), es el Consejo de Administración y no el presidente del Puerto quien tiene potestad para "aprobar aquellos acuerdos, pactos o convenios y contratos que el propio Consejo determine que han de ser de su competencia, en razón de su importancia o materia". Otra duda no resuelta fue si existe un informe de la Abogacía del Estado que avale la firma. La abogada del Estado -que a través de un convenio ejerce de asesoría jurídica del ente portuario y que tiene voz y voto en el Consejo de Administración- cuestionó en la sesión del jueves que el procedimiento seguido hubiese sido el correcto.

La Autoridad Portuaria de A Coruña, a preguntas de este periódico, rehusó realizar comentarios. En la nota que enviaron tras el Consejo se limitó a asegurar que el protocolo cuenta con el "plácet" de las asesorías jurídicas de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, sin especificar cuál es la forma jurídica de dicha opinión favorable. Asimismo, el gobierno portuario defiende el acuerdo y la inversión para el tren al puerto exterior a la que se comprometió Fomento, que no quedó plasmada en ningún documento presupuestario antes del cambio en Moncloa porque faltaba por formalizarse el convenio.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, censuró ayer la situación. "Me preocupa que se dejase caer por parte de la Abogacía del Estado que no se tramitó correctamente el protocolo y pueda haber dudas de legalidad", indicó. Respecto a la posición del Concello en el Consejo, afirmó que el Gobierno local insistió en que el Ayuntamiento de A Coruña debe estar "desde el principio en esa anexión de los terrenos portuarios a la ciudad".