La investigación iniciada por el Tribunal de Cuentas acerca de la gestión económica de las obras del puerto exterior de A Coruña tiene un precedente en Gijón, donde este mismo órgano fiscalizador formuló el pasado 17 de mayo una demanda contra el expresidente y el exdirector de la Autoridad Portuaria en la que les reclama que compensen al organismo con 137 millones.

Para el teniente fiscal que dirige la investigación, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato tuvieron un comportamiento "gravemente negligente" al dirigir el proyecto de la ampliación de la dársena de El Musel, ya que pretendían utilizar para los rellenos el material de unas canteras situadas junto al puerto, pero no pudieron hacerlo hasta varios años después. Eso obligó a recurrir a canteras que distan un centenar de kilómetros de Gijón, lo que incrementó el coste de las obras. Aunque esta decisión se adoptó de forma provisional para aprovechar los meses de verano, el Puerto gijonés pagó 63,8 millones a la constructora antes de tramitar una modificación del proyecto y no efectuó un control de los camiones que transportaban los materiales, según la demanda.

A esto se sumó el pago de un 125% más del precio de adjudicación en el contrato de asistencia técnica de las obras y de 6,6 millones por expropiaciones en el lugar de donde finalmente se extrajo el material de relleno. Estas irregularidades llevaron inicialmente al instructor de la investigación a estimar que no se podían exigir responsabilidades patrimoniales a los exdirectivos, aunque la Abogacía del Estado opinó lo contrario ante el informe elaborado por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea y la investigación abierta por la Audiencia Nacional.

La ampliación de El Musel fue licitada por 499 millones y se liquidó por 708, aunque las empresas que la llevaron a cabo exigen en los tribunales que se les abonen 349 millones más. La Unión Europea concedió 247,5 millones en ayudas que ahora pretende revocar, por lo que el Puerto gijonés debería devolver los 198 que ya recibió.

Al conocerse ahora el inicio de la investigación por el Tribunal de Cuentas de la gestión de las obras del puerto exterior coruñés, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, se remite a las explicaciones que proporcionó hace un año tras el informe que ese mismo órgano realizó acerca de la actuación de sus antecesores, a quienes se atribuyen las irregularidades.

Según él, los sobrecostes del 27% que cita el tribunal fueron en realidad del 8,7%, ya que la construcción del contradique de Langosteira fue una necesidad y no un coste añadido. Losada también afirmó que los anteriores responsables del Puerto tuvieron que prever una "inversión suficiente" para que la nueva dársena pudiera operar, a lo que añadió que los contratos en los que Cuentas apreció irregularidades en su tramitación no causaron la pérdida de fondos europeos.

El presidente justificó el incumplimiento de las previsiones de tráfico en Langosteira por la crisis económica y recordó que el nuevo puerto no se construyó buscando su rentabilidad, sino por razones medioambientales.

"No es una buena noticia para la ciudad", manifestó ayer el alcalde sobre la investigación del Tribunal de Cuentas. Xulio Ferreiro consideró conveniente que se aclaren las cuestiones que menciona el tribunal para poner en marcha la instrucción para determinar si existen responsabilidades. "Ya dijimos algo alguna vez sobre esto y ahora el Tribunal de Cuentas nos da la razón", mencionó Ferreiro, quien apuntó que prefería que no hubiera motivos para haberlo dicho.