Uno de los apartados de la ley de espectáculos que ha provocado el rechazo del sector es el alcance de las sanciones, que hacen responsables de las infracciones a todos los que intervengan en las actividades como titulares y organizadores. "Ha habido poco control por parte de la administración o al menos ha sido muy laxo", cree el abogado Antonio Iglesias. "Quizá la severidad del nuevo régimen sancionador provoque ahora un mayor cumplimiento de la normativa".

Las multas por una infracción muy grave, como superar el aforo máximo hasta poner en peligro la seguridad de las personas y los bienes, celebrar espectáculos prohibidos o no tener suscrito el contrato de un seguro, van de los 30.000 euros hasta los 600.000, con posible cierre del local por un periodo máximo de tres años. Las sanciones por infracciones graves, de 300 a 30.000 euros, se pueden deber a la superación de aforo sin riesgos graves o al incumplimiento de horarios establecidos. Una multa leve, hasta 300 euros, se impone a la no disposición de información sobre las características y condiciones del local en un lugar visible.