El Ministerio de Defensa puede suspender la venta directa de los solares de A Maestranza, cuya tramitación ha comenzado hace pocos día, amparándose en el artículo 38 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que plantea que el interés o fines públicos, o el perjuicio que podría suponer a este, sería suficiente para poder bloquear la operación, por la que, de seguir en marcha, ingresaría más de 10 millones de euros.

Frente a la intención del Ayuntamiento de que los solares sean propiedad municipal y la voluntad del Gobierno central, a través del delegado en Galicia, Javier Losada, a negociar esta posibilidad, el procedimiento de enajenación directa sigue adelante, con el abono por parte del interesado del 5% del coste de cada una de ellas. Así las cosas, el departamento estatal, previo informe de la Abogacía del Estado, podría paralizar la venta en dos casos concretos: si fuera "perjudicial para el interés público" la adjudicación en las condiciones propuestas o si se considerasen los terrenos "necesarios para el cumplimiento de fines públicos". En este último punto, la normativa añade que se deberían dar "razones sobrevenidas". En ambos casos, la legislación contempla que el cambio no generaría "derecho alguno" para los que opten a la compra.

Las dos parcelas, que tienen superficies de 2.133 metros y 1.353 metros, no obtuvieron interés en las dos subastas convocadas por el Ministerio de Defensa, la última el pasado mes de mayo y con una rebaja de más del 20% en su precio. A partir de ahí, abrió en junio el procedimiento de enajenación directa, es decir, abierta a cualquier interesado. Sin revelar el nombre de la persona o empresa, por cuestiones legales de protección de datos, el departamento dirigido por Margarita Robles, anunció la semana pasada que había una oferta sobre la mesa, materializada en el abono del 5% del precio de cada una de ellas como fianza.

El siguiente paso de la venta será, según establece el propio Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), iniciar el procedimiento de venta directa, a través del artículo 117 de la citada ley, y que, insiste el organismo estatal, "no atribuye al solicitante ningún derecho de adquisición del inmueble". Es solo, puntualiza la normativa del organismo, el requisito "previo e imprescindible" para arrancar la solicitud de compra.

La parte final del proceso sería la autorización de la venta y una resolución ministerial con la obligación de pagar el resto del precio de venta, así como la entrega de la escritura pública de compraventa.

Una parte final que lucharán por no tener que contemplar los miembros de la Comisión Aberta en Defensa do Común, que reclaman la devolución de los terrenos de manera gratuita al Concello al considerar que eran solares municipales que fueron cedidos en su día al Estado con fines militares. El alcalde, Xulio Ferreiro, ha mostrado en reiteradas ocasiones su intención de negociarlo aunque, por ahora, nada ha frenado a Defensa para continuar el trámite de venta. En su primera reunión oficial con el delegado del Gobierno en Galicia, esta misma semana, este último dijo esperar "que no sea tarde", tal como está la tramitación, para poder frenarla y mantener negociaciones entre ambas administraciones buscando otra solución.